LORENZO MARINA. PALMA.
Un abogado de Inca cobró 21.500 euros a una clienta con la supuesta intención de presentar un recurso ante el Consell de Mallorca contra una infracción urbanística. El letrado estaba inhabilitado por el Colegio de Abogados de Balears debido a otras faltas graves y muy graves que ya había cometido.
La investigación de la Guardia Civil se remonta al pasado mes de enero. Entonces, una mujer acudió a las dependencias del Instituto Armado de Inca para interponer una denuncia contra el abogado ante las fundadas sospechas de que estaba siendo estafada. Los especialistas del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de las pesquisas para tratar de esclarecer el delito.
La víctima acudió al despacho del letrado José María D.C., de 40 años, en 2007. Le otorgó poderes para que interpusiera un recurso en su nombre contra una sanción por infracción urbanística.
En primer término, el abogado le reclamó que le hiciera un primer pago para hacer frente a los trámites. El montante ascendía entonces a 18.000 euros. Transcurrido un tiempo prudencial, el letrado reclamó a la víctima otra suma para hacer frente a otros supuestos trámites. La cantidad reclamada, también en concepto de gastos de representación, era sensiblemente inferior, ascendía a 3.500 euros.
Durante casi dos años, la mujer se trasladó hasta el despacho del abogado para comprobar en qué estado se encontraba el recurso. La contestación del letrado siempre era la misma. Instó a la mujer a que no se preocupara, ya que "en breve se resolvería".
No fue así. La Guardia Civil constató que el abogado sólo interpuso un recurso en dos años contra la sanción de 24.000 euros por la infracción urbanística. Además, el letrado no podía ejercer debido a su inhabilitación por faltas graves y muy graves de acuerdo con el Estatuto de la Abogacía