Se ha cansado de malvivir en Mallorca y parece dispuesta a todo para volver gratis a Brasil, su país natal. Ana Carla D.S., la mujer que anteayer arrojó una silla a una juez de Palma, asegura que todo forma de un plan para conseguir ser expulsada de España. "Prefiero dormir en la cárcel que en la calle", explicó a los policías que, tal y como quería, la detuvieron el lunes por destrozar varios coches. Ayer declaró de nuevo ante el juez –esta vez custodiada por la Policía y esposada– e ingresó en prisión. Está previsto que en los próximas días sea sometida a un juicio rápido y condenada a la tan anhelada expulsión.
La joven, de 28 años, fue sorprendida cuando golpeaba varios coches aparcados en el Passeig Mallorca con una gran barra de hierro, de unos dos metros de largo. Causó daños en cinco vehículos y cuando un policía motorizado salió tras ella, le arreó tal golpe que lo tiró del vehículo. El agente tuvo que ser atendido de las lesiones en una clínica, mientras, sus compañeros reducían y arrestaban a la mujer. La acusada dijo que quería ser detenida a toda costa, ya que prefería dormir en la cárcel que seguir buscándose la vida en la calle, y que le había parecido buena idea golpear coches a plena luz del día para conseguirlo.
Tras pasar la noche en el calabozo, la mujer fue llevada al juzgado de guardia para responder de los delitos de daños y atentado y la jueza la dejó en libertad. La brasileña le explicó su situación y pidió ayuda para regresar a su país, pero poca cosa podía hacer la magistrada y así se lo dijo. La reacción fue tremenda. Agarró el asiento de madera de una silla rota que había en la sala y lo lanzó contra la juez, que pudo esquivarlo. No corrió la misma suerte una funcionaria que asistía a la declaración, a la que tiró encima la pantalla de un ordenador, aunque no le provocó lesiones graves.
Ana Carla D.S. volvió a ser detenida por atentado y pasó otra noche en los calabozos. Ayer por la mañana volvió a los juzgados de Vía Alemania, pero en esta ocasión el juez de guardia, Miquel Florit, tomó precauciones. Ordenó a los policías que permanecieran junto a ella y no le quitaran las esposas durante su declaración. Finalmente, la joven ingresó en prisión y se acordó que en breve sea sometida a un juicio rápido por los delitos de los que está acusada, en el que previsiblemente será condenada a la expulsión de España.
El sindicato de funcionarios CSI-CSIF, por su parte, anunció ayer que se presentará como acusación particular en el proceso contra la mujer y denunció que "no se trata de un hecho aislado". Según esta central sindical, "los funcionarios denuncian continuamente agresiones por parte de imputados y familiares", ante las que se sienten "impotentes, desamparados y sin medios". Por ello, reclama que "se contrate a más vigilantes de seguridad y se tomen la medidas oportunas para frenar este tipo de agresiones" a los trabajadores.
