Amanda Vich (35 años) tiene un empleo –es la directora del Espai Mallorca–, pero hay meses en los que no cobra la nómina. A día 5 de diciembre aún no le han ingresado el sueldo correspondiente a los meses de octubre y noviembre. Tampoco sabe nada todavía de la paga extra de diciembre. Y las expectativas para cobrar en breve son pocas. Como ella, tres trabajadoras más de la ´embajada´ cultural mallorquina en Cataluña sufren los retrasos que el Consell experimenta a día de hoy en su maquinaria burocrática. El departamento de Intervención se ha convertido en un tapón que demora los ingresos a los beneficiarios de las subvenciones concedidas por la institución supramunicipal. Es decir, el dinero que debería llegar a tiempo al Gremi d´Editors, verdaderos gestores del Espai ubicado en Barcelona, se queda atascado en los despachos. ¿Por qué?

La "excesiva" rigurosidad para justificar las cantidades gastadas, según el Gremi y otros colectivos culturales isleños también afectados por la "interpretación restrictiva" de la ley que hace el Consell, sería la causa que está provocando que los editores mallorquines, ahora con la patata caliente del Consell, deban tres meses de alquiler del local, otros tantos a la Seguridad Social por las trabajadoras, así como algunas sumas de dinero a proveedores que a la postre se han negado a abastecer el Espai.

Amanda Vich, Abigail Monells, Carolina Molina y Carme Bondia son las víctimas con nombre y apellidos de estas demoras administrativas. "Es la séptima vez que nos pasa esto. Si a final de este mes no se arreglan las cosas y no cobramos con asiduidad, tendremos que cerrar la puertas", avisa Vich, la directora. "Lo nuestro es ya una cuestión humanitaria", califica alarmada. "Algunas hemos tenido que pedir créditos para hacer frente a letras y alquileres; yo le he vuelto a pedir dinero a mi familia", lamenta. Los sueldos de Vich y las trabajadoras "no son elevados": cobran 1.500 y 1.400 respectivamente por un horario ininterrumpido de apertura al público de 9 a 21,30 horas.

El problema de los impagos va más lejos: el mes pasado el Gremi recibió una carta del dueño del local de la calle del Carme en la que amenazaba con una demanda de desahucio si no se saldaba el arrendamiento de cuatro meses. Finalmente se pudo hacer frente a una parte y se evitó la denuncia.

Nuevas vías de gestión

Las deudas han llegado a ser tan considerables en el Espai que el Gremi tuvo que solicitar al banco una póliza de crédito de 90.000 euros para garantizar su funcionamiento.

La gravedad de la situación ha sido reconocida por el director insular de Cultura, Maties Garcias, cuyo departamento sostiene con una subvención anual de 250.000 euros el centro, al margen de los 30.000 que aporta el Govern. Sin embargo, defendió las trabas y controles administrativos aplicados por la institución. "Se ha pasado de una tolerancia amplia con la justificación de las ayudas a una restricción total, en parte por el miedo a la corrupción, y, claro, pagan justos por pecadores", observó. La solución pasaría, según Garcías, por encontrar otras vías de gestión del Espai, pues el Consell no puede asumir por competencia una embajada cultural fuera de la isla. "Eso sería cosa del Govern o del Institut d´Estudis Baleàrics", apunta. Por eso apostó por la creación de un organismo o fundación que sería gestionada por los editores y el Govern. Por su parte, el conseller insular de Cultura, Joan Font, ya ha mantenido algunos contactos con el Govern para trabajar en la cuestión.

Acerca de la responsabilidad del Consell con el Espai Mallorca, Garcias apuntó que se trata únicamente de una "responsabilidad moral y con el proyecto", pero que a efectos legales – "por ejemplo si hubiera despidos de personal"– debería dar la cara el Gremi. El editor Ferrer pide "comprensión" a la institución ante la situación, "porque estamos trabajando prácticamente para una ONG", y ha solicitado una reunión con su presidenta, Francina Armengol, quien todavía no le ha recibido.