La nueva ley de Ciencia aprobada el pasado día 12 en el Consejo de Ministros disgusta a los investigadores de Balears. Así se desprende de la consulta realizada por DIARIO de MALLORCA con algunos de los científicos más respetados de la comunidad: critican un texto de "corto alcance" que peca de "indefinición", "falta de ambición" y "valentía".

"La falta de definición y concreción, y la funcionarización de la carrera científica" son los principales inconvenientes que presenta la ley en opinión del doctor Fèlix Grases, director del Institut Universitari d´Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). "Parece que esta ley acabará transformando a muchos investigadores en funcionarios sin efectuar oposiciones. Precisamente uno de los grandes problemas del bajo rendimiento de la investigación en la Universidad es el funcionariado, que debería abolirse de forma radical", sostiene.

La mejor respuesta sobre la ley de la Ciencia es la del profesor Mariano Barbacid cuando dijo que había trabajado muchos años de investigador en Estados Unidos y nunca había oído hablar de una ley de la Ciencia. Así lo recuerda el investigador y catedrático de la UIB Maxi San Miguel, quien señala que el problema de la ciencia en España es "por encima de todo un problema de percepción sociocultural".

Para Maxi San Miguel la ley de la Ciencia ofrece una serie de buenas intenciones y de mejoras, pero no toca (o muy de refilón) aspectos cruciales que dependen de otros ministerios: Hacienda (intervención y justificación de las subvenciones), Función pública (especificidad de contratos y concursos y planificación plurianual de la oferta de empleo público), Interior (visados de trabajos en España para científicos) y Trabajo (leyes sobre validez de títulos que permiten cierto tipo de contratos). "Se exige a los investigadores que traten de tú a tú en sus resultados y publicaciones a los mejores del mundo, pero se ponen normas de gestión y de trabajo no homologables en el ámbito de la ciencia internacional. Es como pedirnos jugar la Liga de Campeones, pero con normativas que no tienen nada que ver con las de la UEFA o ni siquiera con las de jugar al fútbol", expresa.

"La impresión es que estamos delante de un ley de corto alcance, cuando la situación de la ciencia española y la coyuntura económica demandan un impulso ambicioso y audaz para mejorar la excelencia y competitividad del sistema", añade Príam Villalonga, becario adscrito al IUNICS.

El director del Observatorio Astronómico (OAM) de Mallorca, Salvador Sánchez, entiende que la ley "es un buen paso hacia el futuro" pero se lamenta de que el texto generaliza demasiado: "Sólo haría falta concretar cómo se ejecutará sobre la realidad de nuestro país". Un país que puede presumir de tener "muchos equipos investigadores que son un referente en el I+D puro y duro en muchas disciplinas y cuanto más competitivas, mejor. Esto es lo que marca la diferencia y nos acerca en calidad a países de referencia como Estados Unidos, y no el I+D+i de salón y pizarra".

En materia de ciencia, nadie lo duda, España ha avanzado, pero "falta otra vuelta de tuerca en exigencia y calidad. Queda muy bien decir que España ocupa el puesto 9 en producción científica internacional, pero en el ránking de calidad de la producción estamos mucho más abajo", lamenta Maxi San Miguel.

En su opinión, los problemas de la ciencia no se resuelven con un texto de ley –"tanto o más importantes son el cambio en el entorno sociocultural, los presupuestos y las buenas prácticas de la comunidad"–, al que "le falta valentía" en algunos aspectos y que no resuelve "los problemas de gestión a los que nos enfrentamos los investigadores".

La ley, continúa San Miguel, "avanza" en la relación entre Universidades y OPIS (organismos públicos de investigación: centros del CSIC y centros nacionales como el CNIO y CNIC), pero no llega al final; no compromete recursos y personal con compromisos plurianuales que permitan una planificación; no profundiza en una evaluación científica por pares ni implementa mecanismos que impidan evaluaciones puramente algorítmicas", recrimina este investigador que echa en falta ya no un consejo asesor socioeconómico en la ley, que sí está incluído, sino "asesores científicos de alto nivel como los asesores de ciencia del presidente en Estados Unidos o en Gran Bretaña".

La ley de la ministra Cristina Garmendia pretende consolidar a España como uno de los países de mayor producción científica del mundo y fundamentalmente mejorar la capacidad para transformar el conocimiento generado en innovación. Una idea vista como un acierto por Félix Grases, pero considerando la situación actual de la investigación en España, "la ley es demasiado indefinida y poco concreta para conseguir dichos objetivos".

Uno de los puntos más criticados es la participación de las autonomías, que no está suficientemente elaborado. "No está resuelta la coordinación con las comunidades autónomas ni el papel de la Agencia Nacional de Investigación, además en determinados aspectos peca de excesivamente reglamentista. La ciencia necesita sistemas de gobernanza más flexibles y autónomos para dar respuesta a sus necesidades", indica Príam Villalonga.

Este punto, el de la participación de las autonomías, peca, en opinión de Salvador Sánchez, del OAM, de poco flexible y poco claro: "Existe una realidad que difícilmente puede arreglar la nueva ley y es la proliferación en todas las autonomías de organismos creados a medida para abarcar al máximo todos los recursos y fondos que provienen, tanto del Estado como europeos. Ignorar el más básico criterio de competitividad es algo inaceptable en la realidad presente. Todo el mundo habla de I+D+i, y mucho, pero debe ser tan eficiente como competitivo. El futuro de la economía española depende directamente de los equipos y empresas más innovadoras. En este sentido, la nueva Ley de Ciencia está cargada de buenas intenciones".

El papel de la universidad

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) se quejó la pasada semana de que la Ley de Ciencia no refleja adecuadamente el gran papel que las universidades juegan en la investigación en España. Una queja que comparte Pere Barceló, becario, del Laboratorio de Neurofisiología de la UIB: "Teniendo en cuenta el elevado número de investigadores que trabajan en las universidades españolas o forman parte de institutos de investigación asociados a ellas, la valoración dada al papel de las universidades dentro del campo de la investigación que se ha considerado hasta ahora y parece ser que continúa con esta nueva ley, no es el suficiente o merecido. El peso de las universidades, al ser cuna del conocimiento de las nuevas generaciones, debería ser mucho más importante".

"No solo deja de lado a las universidades, también a los hospitales", agrega Príam Villalonga. "Hay que tener en cuenta que un porcentaje muy importante de la investigación se realiza en la universidad, pero las figuras contractuales recogidas en la ley no son fácilmente aplicables a la misma".

La carrera investigadora que propone la ministra Garmendia no garantiza que se resuelva el problema de la selección de personal investigador de calidad ni la movilidad del mismo, dos de los mayores problemas actuales. Príam Villalonga, que pertenece al colectivo de personal contratado de la UIB y está asociado a un proyecto de investigación (grupo de Biología celular del cáncer), lamenta que "los recursos humanos siempre han sido la oveja negra de la política científica, aún siendo como son la clave para mejorar la competitividad del sistema" en España, un país en el que ya se aprecia "cierto hartazgo en la comunidad científica tras años de trabajo duro en condiciones de mala financiación y excesiva burocratización".

Pere Barceló indica que con la nueva normativa los alumnos contratados podrán tener un sueldo, un aumento en su conocimiento y a la vez, una calificación como doctorado. Pero cuando se termine ese contrato, "será difícil ser contratado de nuevo por la titulación obtenida y supuesto aumento de sueldo".

La ley, explica Barceló, dará oportunidades a titulados que han dedicado tres, cinco, diez o más años a formarse, "pero no garantizará su continuidad, quedando de nuevo con una cantidad enorme de titulados de alto grado sin poder ejercer el trabajo para el que están preparados. La estabilidad de los investigadores no está asegurada. Los jóvenes investigadores no dejarán de ser mano de obra barata para avanzar. ¿Cabremos todos en las universidades?, ¿habrá más investigadores y docentes que estudiantes?".

El apoyo firme y claro que hace la nueva Ley de Ciencia hacia la innovación ligada a la competitividad es incompatible con el actual estado de investigadores-funcionarios. Así lo denuncia Salvador Sánchez, quien subraya que la investigación, el desarrollo y la innovación "ya son el impulso real de las economías más avanzadas". La nueva ley no lo olvida, pero "no explica claramente cómo van a invertirse óptimamente los recursos del Estado en becas, subvenciones y ayudas a los investigadores, lo que crea una incertidumbre injusta en un colectivo clave para el futuro de la nación".

Maxi San Miguel recuerda que todo profesor universitario está obligado por ley a investigar y que hay un porcentaje alto de profesorado universitario español que no se gana el sueldo en este aspecto. "La ley dice pretender facilitar una mayor permeabilidad entre universidad, OPIS y el mundo empresarial. Si eso se consigue, será bueno para todos".

El investigador y catedrático de la UIB es consciente de que resulta muy difícil ilusionar a los jóvenes en una carrera profesional muy exigente. De ahí que sea necesario dar expectativas, una carrera clara y una estabilidad. "En esa dirección, el contrato permanente de acceso al sistema es una de las novedades más llamativas de la ley. Sin embargo, debería recoger exigencias mayores que las del simple título de doctor, especialmente en términos de movilidad. Tal como está y con la tradición española, esto es la puerta legal para que alguien haga la tesis en algún sitio y al terminar la tesis le contraten allí mismo con un contrato permanente. Y eso no es homologable en la Liga de Campeones de la ciencia".

Una ley con muchos puntos que no gustan

l Financiación. Los investigadores piden que la Ley tenga la financiación adecuada para poder atraer talento y crear un sistema de ciencia y tecnología con más recursos humanos y materiales. "Incrementar el 1,27 por ciento del PIB que dedica nuestro país a I+D+i me parece básico. Creo que no hace falta comentar la necesidad de incrementar el 0,29% de nuestra comunidad autónoma", señala la rectora de la UIB, Montserrat Casas.

l Autonomías. La participación de las autonomías no está suficientemente elaborada. "No está resuelta la coordinación con las comunidades autónomas ni el papel de la Agencia Nacional de Investigación", lamenta Príam Villalonga, adscrito al grupo de investigación de Biología celular del Cáncer.

l Detalles innecesarios. La comunidad científica critica que en el texto de la ministra Garmendia hay mucho detalle innecesario, mucha reglamentación, pero están muy poco claros los principios fundamentales.

l La gestión. La ley de Ciencia no aborda la reforma del sistema de gobernanza de los agentes ejecutores. Sin libertad y autonomía no es esperable que los agentes asuman los riesgos del futuro.

l Movilidad. La carrera investigadora que se propone no garantiza que se resuelva el problema de la selección de personal investigador de calidad ni la movilidad del mismo. "Parece que esta ley acabará transformando a muchos investigadores en funcionarios sin efectuar oposiciones. Uno de los grandes problemas del bajo rendimiento de la investigación en la Universidad es el funcionariado, que debería abolirse de forma radical", espeta Félix Grases. "¿Cabremos todos en las universidades?, ¿habrá más investigadores y docentes que estudiantes?", se pregunta Pere Barceló.

l Otros problemas. Los científicos piden mejorar el contacto profesional con el sector privado, la industria y la sociedad. También adaptarse a un contexto globalizado, ampliando la flexibilidad, la movilidad y la inserción de profesionales excelentes.