Derecho a la supervivencia. Al desarrollo pleno, físico y mental. A la protección contra influencias peligrosas, malos tratos y explotación. A la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Son algunos de los derechos básicos de los menores, no siempre recordados por los adultos. Aunque venturosamente se hallan reconocidos por Naciones Unidas desde hace veinte años en la Convención de los Derechos de los Niños, la primera ley internacional vinculante jurídicamente.
A pesar de los primeros pasos dados, garantizar lo establecido en los 54 artículos de la Convención sigue sin ser preeminente en España, un país que hasta hace seis años no tenía ni su Ley Integral contra la Violencia de Género Un país donde el maltrato infantil aún resulta invisible, incapaz de detectar ocho de cada diez casos, según se estima con alarma desde la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).
Mallorca también es culpable de las estadísticas. Y febrero, ejemplos recientes, así lo ha confirmado. Hace dos semanas Son Dureta tuvo que atender a un niño de dos años en estado de coma, por culpa de las palizas propinadas por su madre y su pareja. Esta misma semana, el Tribunal Supremo ha ratificado 52 años de cárcel para los padres de la ´Casa del terror´, en Llucmajor, al cargo de tres niños que padecieron su exhibicionismo, su provocación y agresión sexual, abuso con acceso carnal, y maltrato físico y psicológico habitual.
El desconocimiento tiende a reducir el maltrato a menores a la violencia física y al abuso sexual, lo más llamativo. Concepto infinitamente más amplio, "técnicamente" se refiere a las "acciones u omisiones de las figuras parentales que impiden que un menor vea cubiertas de una manera adecuada sus necesidades para un correcto desarrollo". Lo explica Lluïsa Santiago, coordinadora de los centros residenciales del área de Protección al Menor y Atención a la Familia del Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS). "El maltrato prenatal, el psicológico, el abandono, las situaciones de negligencia –física o emocional– o la explotación sexual" completan las tipologías de los malas prácticas con menores, un problema con "diversos grados de gravedad", mucho más amplio de lo que la sociedad percibe.
Así, cualquier acción no accidental que le provoque a un niño enfermedad o daño físico, se considera maltrato. Del mismo modo que también puede serlo una actitud verbal hostil y crónica hacia él. O no escolarizarlo. O no alimentarlo o no vestirlo de la manera adecuada. O ingerir sustancias durante el embarazo que puedan perjudicar al feto. Lluïsa Santiago, además, desmitifica y entiende "muy difícil hablar de un perfil de padre maltratador". "Es cierto que los casos de negligencia suelen estar más relacionados con situaciones de pobreza, o que la dependencia a la droga puede alterar las habilidades y capacidades parentales. Pero en las familias con recursos también ocurre, quizás más relacionado con la parte emocional. "La falta de atención o la incapacidad para poner límites a los hijos" son ejemplos de que tener dinero no garantiza ser un mejor padre.
Nivel de protección "alto"
"El nivel de protección de los menores en la isla es alto. Los casos de maltrato se detectan de manera inmediata". Así lo entiende Lluïsa Santiago, convencida de que en Mallorca se trabaja bien el problema. Desde el Consell, confirma, se comienza a percibir la "sensibilidad" necesaria entre los "observadores" que deben no sólo localizar sino denunciar las situaciones donde el menor sufre. Se incluyen aquí los equipos de escuelas y guarderías. Canguros y monitores. Familiares, vecinos, pediatras o personal de los centros de salud. Seguro, están mucho más concienciados que antes. Quizás, todavía no preparados del todo para reaccionar de la manera más eficaz, como parecen confirmar las bajas cifras de detección de maltrato facilitadas desde la AEPap.
"Mucha coordinación", suma Lluïsa Santiago. La necesita y la tiene la red de instituciones y servicios que trabaja para velar por el menor. Participan aquí los ayuntamientos. Consells insulares y Govern. Policía, local y nacional, a través Servicio de Atención a la Familia. También Guardia Civil, con sus Grupos de Menores. El consenso es amplio, traducido en noviembre en un protocolo para la detección y notificación de los casos de maltrato aprobado en la Comisión Interinsular de Protección de Menores, algo que permitirá actuar con rapidez y efectividad.
Una sociedad más sensibilizada traducirá sus problemas en más denuncias, algo que desde el IMAS anticipa que ocurrirá con el maltrato infantil. A la espera, y una realidad sí palpable con datos a 16 de noviembre de 2009, el Área de Protección de Menores contabiliza 1.107 expedientes de maltrato abiertos; habiendo realizado durante el curso 1.619 intervenciones. Comparando las cifras con las de 2008, el año pasado conoció más casos de abandono (108 por 101), de maltrato prenatal (17, 14) y psíquico, el que más aumentó (100; 82). El físico, que descendió casi en un 15% (126; 148), continuó siendo el que más registros generó.
"Trabajamos con algo sagrado. Incluso para una padre maltratador su hijo es lo más querido". Lluïsa Santiago explica "muy compleja" la labor de unos técnicos que trabajan de manera paralela con los menores afectados y los padres responsables. Tomar la decisión de retirar un hijo a una familia "no es fácil", y es algo que sólo sucede si el maltrato ha sido muy grave, o tras una acurada investigación, evaluación y valoración del caso; que incluye siempre trabajo con los padres.
En caso de estimarse necesario retirar a un niño de su núcleo biológico, su familia extensa será siempre la primera opción de acogida. De no poder concretarse, y si el niño es menor de tres años, pasará a una familia canguro, temporalmente, un máximo de dos años, a la espera de poder volver con sus parientes biológicos o encontrar una nueva familia, ya permanente. Si el niño tiene más de tres años irá destinado a un centro residencial, actualmente una veintena entre públicos y privados, con 338 plazas disponibles.
