La Sindicatura revela que los municipios eluden la ley al no reservar el 1% de sus obras para cultura

M. ELENA VALLÉS. PALMA. La Sindicatura de Cuentas, organismo dependiente del Parlament que fiscaliza la contabilidad pública de la comunidad, informa en un reciente estudio que los ayuntamientos no invierten en cultura el uno por ciento de los proyectos de obras presupuestados en más de 300.000, por lo que incumplen una medida prevista en la Ley balear de Patrimonio Histórico.
El informe, recientemente publicado, analiza 94 expedientes de contratación administrativa de obras por parte de los ayuntamientos baleares durante el ejercicio 2006; 69 de ellos conciernen a Mallorca. Del total, 41 de ellos se refieren a proyectos de obra presupuestados en más de 300.000 euros, por lo que quedan automáticamente afectados por la medida legal que obliga a retener el 1% de su coste para conservar patrimonio y fomentar la creatividad artística. La Sindicatura halló finalmente que sólo el ayuntamiento de Maó incluyó la dotación obligatoria para cultura en el expediente de las obras de reforma de un geriátrico.
De los 69 expedientes de contratación de obras en Mallorca, en 26 de ellos los ayuntamientos tenían la obligación de reservar el uno por ciento para inversiones extraordinarias en cultura y patrimonio. Casos concretos son por ejemplo el de la construcción del edificio de Can Ramis en Alcúdia, el del centro de salud de Andratx, el de la reforma de las casas de Son Amonda en Inca, el de la ampliación del cementerio en Montuïri, el de la construcción de un centro de día en Bahía Grande (Llucmajor) o el del nuevo centro de salud de Pere Garau (Palma). El resto de expedientes se refieren a internveciones en Artà, Campos, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Lloret, Lloseta, Manacor, Petra, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Santanyí, Sineu, Valldemossa y Vilafranca de Bonany.
El coste total de todos estos proyectos a los que afectaría la ley asciende a algo más de 31 millones de euros, por lo que 310.000 (el 1%) deberían haberse destinado a inversiones culturales y patrimoniales, obligación que no llegaron a cumplir ninguno de los consistorios citados anteriormente.
Desde el ayuntamiento de Inca, se alegó a este diario que no tenían conocimiento de este deber. "Ninguna administración nos informó que debíamos hacerlo", explicita un portavoz del consistorio, pese a destinar "una cantidad mayor al 1% cultural" fuera del presupuesto de las obras con importe superior a 300.000 euros, confirma. Llucmajor admite que tampoco cuenta con partida específica para el 1% cultural, "pero sí invertimos en patrimonio, por ejemplo los seis millones gastados en el claustro de Sant Bonaventura", añaden desde el ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo de Manacor, Bernat Amer, reconoció que nunca habían reservado esa cantidad para cultura. "Ésta es una cuestión que siempre está en el aire", sentencia.