Tras la noticia de que el castell de Alaró podría ser propiedad del Estado en virtud de unos documentos, la familia Ordinas ha respondido a la contra a través de Miguel Ángel Ordinas, hijo del actual propietario y abogado de la familia, acogiéndose a la escritura y a las distintas inscripciones del inmueble, "en manos privadas desde 1885", inventariadas en el Registro de la Propiedad número 2 de Inca.

Miguel Ángel Ordinas lo expresa así: "Es un absurdo negar la propiedad privada del castell porque desde 1885 pertenece, incluyendo murallas, la cova de Sant Antoni, aljibes, los edificios de la Obra Nova, los establos y la Taverneta, a particulares, cuyas inscripciones se encuentran y se pueden consultar en el Registro de la Propiedad número 2 de Inca". Según Ordinas, en 1885 la finca completa dejó de ser propiedad del Estado cuando éste decidió sacarla en pública subasta. "Así, en la escritura de la venta pública consta que la finca número 240 (la misma que adquiriría en 1935 el abuelo de Miguel Ángel Ordinas) está formada por todo el monte llamado Castell de Alaró, incluidas las murallas, a excepción del oratorio, propiedad del obispado". Relata el hijo del actual propietario, con las inscripciones del registro enfrente, que en esa subasta el castell fue adquirido por Pere José Sampol Cañellas. Es a partir de ese momento que la finca pasa por las manos de distintos propietarios, ya sea por herencia o por compra. La familia Ordinas, en este caso Antonio Ordinas Català, adquirió la finca en 1935, "menos el oratorio porque fue excluido de la subasta pública llevada a cabo en 1885". En 1977, Antonio Ordinas repartió estas posesiones entre sus cuatro hijos: Antonio, Aina, Llorenç y Guillem, para volver a registrarse en 1996 a nombre tan sólo de Llorenç Ordinas Pons, noveno y actual propietario.

Ordinas declara también que, "pese a la existencia de unos documentos internos (el acta de afectación del inmueble al Ministerio de Educación, fechada el 19 de noviembre de 1969) que certifiquen que las murallas, la puerta de entrada al castell y la torre del homenaje son del Ministerio de Educación y Ciencia", la familia está "muy tranquila" porque hay un registro de la propiedad que prueba que todo eso es suyo. "Quien ponga en duda la propiedad privada del castell, en este caso el Estado, tendrá que ir a los tribunales, quienes decidirán si vale más un documento interno que una inscripción en el registro de la propiedad", añadió.

El abogado de la familia se mostró también "descontento" con el modo en que ha saltado la noticia a los medios, "pues se está llevando a cabo un juicio paralelo en la prensa. En estos casos, se debería acudir directamente a los juzgados". Y terminó advirtiendo a los alaroners de que "no se hagan ilusiones", porque el castell está inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de los Ordinas y "esta familia defenderá hasta el final que se trata de propiedad privada".