PEDRO VILLALAR
En una conversación casual con una empleada del hogar de origen latinoamericano, conozco que la esforzada trabajadora, casada con un compatriota y con cinco hijos, aspirante a la nacionalidad española, está pagando por un piso del extrarradio de Madrid una hipoteca a treinta años con una cuota mensual de 1.800 euros. Ni que decir tiene que la atribulada mujer y su esposo han de trabajar de sol a sol en cuantos quehaceres encuentran para sobrellevar tan pesada carga y alimentar a la familia. Es evidente que algún engranaje del sistema ha tenido que fallar para que haya sido posible semejante dislate, que convierte a la clase trabajadora en esclava de una perversa maquinación. Y no se sabe qué es peor, si el modelo de convivencia que somete a las gentes humildes a un sacrificio tan exorbitante para conseguir una vivienda digna, o si una banca que es capaz de concertar unos créditos que obligan a los deudores a destinar casi la totalidad de las rentas familiares al pago de la deuda.
La "burbuja inmobiliaria" no sólo fue el fruto de la avaricia de una clase dominante corrupta: también ha sido un yugo insoportable para la sociedad civil, abandonada a su suerte por la superestructura política que debió haber velado por imposibilitar tales abusos.
