Los constructores isleños denuncian irregularidades en las obras anticrisis

La patronal balear ha detectado incluso que algunas empresas despiden a trabajadores para recontratarles como parados

F. GUIJARRO. PALMA. La patronal balear de constructores ha denunciado numerosas irregularidades en el proceso de adjudicación por parte de los ayuntamientos de las obras públicas que el Gobierno central va a financiar para intentar frenar la destrucción del empleo en el sector. Según el director de esta asociación, Manuel Gómez, hay empresas que han despedido a parte de la plantilla para recontratarla como parados, otras se han creado ex profeso sin ningún trabajador y también se han detectado casos en los que el número de desempleados que se asegura que se ficharán es tan alto que resulta incompatible con el presupuesto del proyecto.
Manuel Gómez indicó que los consistorios isleños han decidido dar prioridad en la adjudicación de las obras que financiará el Estado a aquellas ofertas que incluyan la contratación de parados, lo que en primera instancia se considera como una clara discriminación hacia las que han estado haciendo esfuerzos para mantener a su plantilla completa sin recurrir a despidos. Pero además, aseguró que este criterio está generando una extendida "picaresca" y favoreciendo el intrusismo, con la creación de empresas sin la menor cualificación como contratistas.
Hay que recordar que el Ejecutivo central va a destinar a los municipios isleños unos 180 millones de euros para el desarrollo de todos estos proyectos, dentro del plan diseñado para el conjunto del país con el objetivo de favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción.
El director de la patronal balear insistió que entre los casos más flagrantes está el de algunas empresas que han optado por despedir a parte de sus trabajadores para ofrecer al ayuntamiento la contratación de una cifra idéntica de parados, con la posterior recontratación.
Pero también se han detectado casos de empresas que se han creado sin contar con la menor plantilla para poder esgrimir así que todos sus asalariados se van a fichar en las oficinas del Servicio Balear de Empleo; de otras que afirman que van a contratar a un número de parados tan alto que su coste es incluso superior al del presupuesto de la obra, lo que hace presuponer que esta oferta no se va a cumplir; y de algunas que se han comprometido a no usar a ninguno de los operarios con que cuentan actualmente y a que en ese proyecto sólo participen personas sacadas del desempleo, una promesa que también se considera imposible de cumplir.
Manuel Gómez indicó que el problema radica en que toda obra por un valor inferior a 300.000 euros se puede adjudicar "a dedo", sin necesidad de convocar un concurso público, y que para desarrollar las de un favor inferior a los 350.000 no hace falta contar con la clasificación de contratista de la Administración, lo que está favoreciendo una enorme discrecionalidad en las adjudicaciones por parte de los Consistorios del archipiélago.
La patronal de constructores considera que la celeridad con que se han redactado los proyectos y el hecho de que se esté favoreciendo la aparición de empresas sin la necesaria cualificación va a provocar que los niveles de calidad de muchas de las obras que se van a ejecutar sean bajísimos.
En opinión de Manuel Gómez, todos estos hechos están deteriorando seriamente una iniciativa que en principio se consideraba como muy positiva para el sector.