M. ELENA VALLÉS. PALMA.
La consellera de Cultura, Bàrbara Galmés, responsable de la gestión del Museu de Mallorca, reconoció ayer que mantiene informado al Ministerio de la situación carencial que anteayer debatió el colectivo de arqueólogos durante una reunión mantenida en el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras. Por otro lado, admitió haber mantenido conversaciones con el director general de Museos y Bellas Artes, José Jiménez, "con el fin de evaluar la conveniencia de realizar una auditoría y concretar en qué términos se debería llevar a cabo: si a través del grupo de inspección del Ministerio o cualquier otra fórmula que se pueda considerar, habida cuenta de que el Museu de Mallorca es de titularidad estatal".
Galmés también reconoció que la conselleria estaba al corriente hacía tiempo de esta información, adelantada ayer por DIARIO de MALLORCA, referida a la desaparición de materiales (incluso de algunos pertenecientes a excavaciones realizadas por el propio museo), carencias en el almacenamiento de piezas o el hecho de que no haya ningún arqueólogo en el museo. A mediados de noviembre, la consellera recibió un documento del departamento de Ciencias Históricas de la UIB, en el cual se advertía que se estaban produciendo "ciertas actuaciones irregulares en la gestión de los fondos de la sección arqueológica del museo". En estos momentos, "hay que ser prudentes y reunir la información necesaria, sin dejar de lado ningún punto de vista de las partes implicadas, antes de emitir un juicio de valor o tomar una decisión precipitada", según dice el escrito remitido por la consellera.
Galmés ha dado también instrucciones a su director general, Pere Joan Martorell, como responsable de área y del plan de mejora de centros, para que colabore con el Ministerio en la elaboración de un informe relativo a la gestión del museo durante los últimos años.
En cuanto a la cuestión de falta de personal, la conselleria prevé mejoras en la dotación de personal, Este año, el presupuesto de 2009 incluye una partida específica de 500.000 euros para poder hacerlo. En este sentido, se contempla la creación de una plaza de técnico superior en arqueología.
Por su parte, la homóloga de Galmés en el Consell, Joana Lluïsa Mascaró, máxima responsable en la isla en materia patrimonial, consideró que "si hay piezas que aparecen sin siglas es que alguien ha fallado, pues la ley de patrimonio deja muy claro que cuando se ha realizado una excavación los arqueólogos encargados de ella han de entregar las piezas encontradas sigladas y junto a una memoria inicial a un museo público. A lo mejor no se encuentran estas piezas porque no se llevaron a cabo estos pasos". Mascaró añade que si las piezas se entregaron conforme a la normativa y los arqueólogos formalizan una denuncia administrativa, "la institución competente actuará como toca si da credibilidad a la querella". Mascaró quiso destacar las intervenciones de reforma que pretenden solucionar carencias y que ya han arrancado en el centro dirigido por Joana Maria Palou, quien de momento rehusó hacer declaraciones.
"No es a lo mejor por una cuestión de personal que las cosas no estén como deberían", señala el director insular de Patrimonio, Biel Cerdà, quien se refirió en todo momento a carencias de inversión "que pueden desembocar en una mala situación de los servicios que ofrece el museo". "Por lo que conozco, sé que se está llevando a cabo una buena labor de almacenamiento de las piezas", dijo.
Por otro lado, la directora de Son Fornés, Cristina Rihuete, la del Museu de Manacor y vicepresidenta de la Sección de Arqueología del Colegio, Magdalena Salas, y la presidenta de ésta, Francisca Torres, discreparon del "tono agresivo" en que su compañero Víctor Guerrero, a quien no consideran portavoz, explicó lo sucedido durante la reunión mantenida anteayer en la sede del Colegio. Matizaron algunas de sus palabras, pero no negaron el contenido de la información.
