Uno de los supuestos implicados pertenece a la cúpula de las juventudes del PP

MIGUEL MANSO/J.F.MESTRE. PALMA. El rastro de la corrupción en la empresa pública Bitel salpica a las juventudes del Partido Popular. Los investigadores del caso buscan a Ramón de la Iglesia Vidal, un miembro destacado de la cúpula de Nuevas Generaciones Illes Balears. El joven, de unos 29 años de edad, ocupa una de las secretarías ejecutivas de la entidad, en concreto, la de Nuevas Tecnologías.
Las indagaciones en curso indican que habría logrado 40.224 euros en contratos de la sociedad pública Bitel. Ramón de la Iglesia es una figura popular en Nuevas Generaciones y un asiduo de su página ´web´, donde ha escrito varios artículos loadores de la política desarrollada por el PP en la pasada legislatura. Según ha podido conocer este diario, en las últimas fechas ha pasado largas temporadas en Madrid.
El secretario ejecutivo de las juventudes ´populares´también luce el cargo de vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de Balears, una organización impulsada hace tres años por el principal imputado en este presunto caso de corrupción, Damià Vidal Rodríguez, quien a su vez es decano del citado Colegio, mientras otro de los arrestados, Iván Guardia Hernández, asume el puesto de secretario.
Los actuales responsables del Colegio aparecen implicados en la presunta malversación de fondos de Bitel por un importe próximo a los 700.000 euros. La sede del Colegio de Informáticos acoge la empresa Auditoría Informática Balear S.L, cuyo administrador, Alexandre Guardia Hernández, fue arrestado ayer junto a su hermano Iván y Damià Vidal.
Los investigadores sospechan que todos ellos habrían creado una red de sociedades dirigidas a captar contratos de la Administración. Precisamente, la página ´web´ de la empresa Auditoría Informática Balear S.L indica que entre sus clientes se hallan Bitel, el Govern balear, y el ParcBit, también de titularidad pública.
Mediante una maraña de mercantiles habrían conseguido la adjudicación de contratos públicos para la elaboración de informes. Los investigadores sospechan que la mayoría de los documentos redactados para la Administración no eran más que burdas copias de internet, es decir, una justificación para apropiarse del dinero.
Un cuarto detenido ayer, Juan Antonio Romaguera Bosch, dispone de una empresa, Helix Infocom S.L, que está siendo objeto de indagación. Esta firma aparece vinculada a un nido de 162 empresas cuya matriz tiene su sede social en la localidad de Marratxí.