ANTONIO PAPELL
En las comparecencias públicas del victorioso Rodríguez Zapatero después del 9-M, el líder socialista se ha referido sistemáticamente al magnífico resultado que ha obtenido el PS-PSOE en Euskadi. Sin embargo, no ha habido elogios individualizados para Cataluña, donde ha estado la clave de la victoria socialista: el PSC ha pasado de 21 escaños en 2004 a los 25 -el mejor resultado desde 1982-, con lo que la ventaja del PSOE sobre el PP ha subido de los 15 escaños durante la legislatura anterior a los 18 de ésta. Es, pues, lógica la preocupación de los dirigentes del socialismo catalán, con Montilla a la cabeza, ante la frialdad de Zapatero y de sus correligionarios. Frialdad que llegó a rozar la hostilidad en el último comité federal del PSOE, el pasado sábado, cuando los ´barones´ socialistas aseguraron, a puerta cerrada pero con voz alta y clara, que no consentirían que Cataluña negociara bilateralmente con el Estado su financiación.
La razón de esta situación no es simple. Hay un cúmulo de complejos elementos en la tensión reinante. En primer lugar, el PSOE piensa que lo sucedido en Cataluña en la pasada legislatura ha sido la causa del peligroso descenso del Partido Socialista en la España profunda del interior: los desastres registrados en Madrid, Valencia y Murcia, los descensos en Castilla-La Mancha y Andalucía. En segundo lugar, Zapatero no ha olvidado que tuvo que ser Artur Mas quien le sacara las castañas del fuego después de que el Parlament aprobara una reforma estatutaria desaforada e indigerible, que contaba con el iluminado beneplácito de Maragall y a la que Montilla no supo oponerse con suficiente energía. Además, Zapatero ha tenido que soportar en Madrid las veleidades de los socios antisistema de Montilla en la Generalitat, con unas consecuencias muy lesivas para el crédito de la propia mayoría gobernante. Por último, Zapatero es consciente de que en buena medida la victoria catalana es un logro personal suyo: el PSC ha más que doblado los votos recogidos por Montilla en las autonómicas, lo que indica que la sociedad catalana ha sabido discernir lo que se jugaba esta vez -o Zapatero o Rajoy- e incluso agradecer una política atenta hacia Cataluña, a pesar de los desastres de cercanías y otros retrasos finalmente subsanados a satisfacción.
No es, pues, extraño que Zapatero haya manifestado que las preferencias de esta legislatura no son ni el Estatut ni la financiación de la Generalitat sino la lucha contra la crisis económica. Ni podría parecer extraño en la actual coyuntura que el TC asimilase el trasfondo real del contencioso y lanzase una sentencia interpretativa sobre los recursos planteados contra el Estatut que, sin efectuar una gran poda, ubicase el conjunto en un marco asimilable al régimen general, frenase las pretensiones bilateralistas y, en definitiva, facilitase la convergencia PP-PSOE sobre el particular, que será indispensable para un cierre eficaz del Estado de las Autonomías.
En Cataluña, como es bien conocido, la sociedad vota de forma muy distinta en las elecciones generales y en las autonómicas, consciente de lo que se juega en cada caso. Durante más de veinte años, Pujol, que ganaba siempre en las autonómicas y cedía la victoria al PSC en las generales, se benefició del argumento de que él era quien mejor interpretaba el ser catalán y mejor defendía los intereses de Cataluña en el Estado. En 2003, la retirada de Pujol, el surgimiento impetuoso -y ahora se ve que efímero- de ERC y el liderazgo de Maragall rompieron una rutina muy consolidada y abrieron una crisis que todavía no se ha cerrado. Montilla sabe todas estas cosas y teme lo que pueda ocurrir en las próximas autonómicas. Pero el PSOE de Zapatero parece mucho más preocupado por recuperar la sintonía con otras comunidades españolas que se le han ido peligrosamente de las manos.
