BARTOMEU NOGUERA. ALARÓ.
Los presupuestos municipales del ayuntamiento de Alaró para este año deberán incluir una partida inesperada para afrontar la indemnización de 120.000 euros que las arcas públicas tendrán que pagar a la familia Rebassa-Rosselló, vecinos de la calle Pontarró, de Alaró, a causa del ruido padecido por la actividad de una pizzería que contaba con una licencia de apertura otorgada de forma irregular por el Ayuntamiento.
Estos días se ha comunicado a las partes el fallo de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo según el cual se rechaza el recurso presentado por el consistorio en 2006, y se ratifica la cuantía de la multa impuesta por sentencia del TSJB.
El varapalo económico a la hacienda local coincide además con la curiosidad política de que la familia beneficiaria de la indemnización es la de uno de los miembros de la oposición, el regidor de UM Antoni Rebassa, que percibirá 30.000 euros al igual que su hermano y sus padres. Este edil estaba en el equipo de gobierno hace dos años, cuando el consistorio de Alaró decidió no abonar la multa y presentar el recurso de casación ahora inadmitido.
Antonio Rebassa Frau, padre del concejal de UM, y su abogado Josep Alonso han emprendido durante años una batalla para denunciar las deficiencias existentes en las instalaciones de este establecimiento de restauración, así como las irregularidades cometidas por el ayuntamiento de Alaró a la hora de conceder las licencias de apertura.
La familia Rebassa-Rosselló es la propietaria desde hace 30 años de un casal que en parte de su planta baja aloja un local comercial perteneciente aún al anterior titular del inmueble.
