urbanismo. iniciativas para rebajar el nivel de construcción en espacios emblemáticos

El Govern ampliará áreas protegidas para desclasificar terreno urbanizable

Los partidos del Pacto asumen que en algunos casos será necesario el pago de indemnizaciones a los propietarios de los terrenos

 
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Cala Blanca (Andratx) es una de las zonas que se quiere preservar.  Foto: Lorenzo Gutiérrez
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F. GUIJARRO. PALMA. El Govern balear impulsará una ampliación de los espacios protegidos como sistema para desclasificar una decena de terrenos urbanizables de Mallorca y Eivissa, medida que inicialmente se pretende aprobar en la reunión del Consell de Govern del viernes. El conseller de Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, ha destacado que se va a modificar la Ley de Espacios Naturales (LEN) para ampliar algunas Areas Naturales de Especial Interés (ANEI) y Areas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), con el objetivo de evitar el desarrollo de algunos proyectos urbanísticos próximas a estos espacios, aunque matizó que se trata de casos muy concretos en los que más que el número de viviendas u otras instalaciones previstas a evitar, lo que se busca es impedir construcciones en lugares de fuerte impacto.
Aunque el conseller no quiso identificar ninguna de estas zonas, fuentes del Pacto señalan como espacios que se verán afectados por la ampliación de las áreas protegidas los casos de Muleta (Sóller), Can Vairet (Calvià), Cala Blanca (Andratx) y Son Real (Can Picafort), entre los más significativos.
El conseller de Ordenación del Territorio insistió en que esta medida no debe de ser acogida con alarma, pues se trata de casos puntuales y de elevado valor simbólico, pero que no conllevará una desclasificación generalizada de los terrenos próximos a los espacios protegidos.
El listado exacto de los urbanizables que se quieren desclasificar ha sido objeto de negociación entre las fuerzas políticas que apoyan al actual Govern, ya que la propuesta inicial del Bloc era mucho más amplia que la que finalmente se va a aplicar. Fuentes de UM reconocen el temor existente en sus filas a que se apliquen iniciativas excesivamente drásticas en un momento en que aparecen indicios de una posible crisis inmobiliaria y, consecuentemente, existe el riesgo de que la economía isleña pierda impulso.
En cualquier caso, desde estas mismas formaciones políticas se reconoce que algunas de estas iniciativas van a tener que ser objeto de indemnizaciones, aunque la cuantía de las mismas esté por determinar.

Tres ejes de actuación

Gabriel Vicens declaró que las desclasificaciones constituirán uno de los tres ejes de actuación contemplados en las medidas urgentes que se pretende aprobar en el Consell de Govern del viernes. Otra de ellas es "corregir el urbanismo a la carta" que el Partido Popular desarrolló durante la pasada legislatura a través de leyes de acompañamiento de los presupuestos y de medidas específicas, según manifestó el titular de Ordenación del Territorio.
Cabe recordar que el anterior Govern de Jaume Matas aprobó ocho leyes con recortes en la protección territorial, la última de ellas la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2007, en la que se incluyó una amnistía para legalizar oferta turística complementaria edificada de forma irregular en suelo rústico. La primera se registró a los cinco meses de que el PP recuperara el Ejecutivo autonómico, con la aprobación de la ley medidas urgentes en materia de urbanismo, de noviembre de 2003, en la que se abría la puerta a la construcción de viviendas en áreas naturales de especial interés de las Pitiüses y se permitía recuperar la categoría de urbanizables para terrenos de primera línea de costa que habían quedado desclasificados en las Directrices de Ordenación del Territorio. Los partidos de la oposición vieron en estas normas la mano del entonces director general de Ordenación Territorial, Jaume Massot, actualmente imputado en el Caso Andratx.
Finalmente, Gabriel Vicens señaló que el tercer eje pasa por la adaptación a la ley del suelo estatal para que sean aplicables los nuevos cupos para la vivienda protegida y para la cesión de terrenos a los ayuntamientos.
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Constructores de Balears, Manuel Gómez, ha pedido al Govern y al resto de administraciones que "aceleren" las medidas en materia de vivienda, como la Ley del Suelo o la Ley de la Vivienda, para evitar que la "ralentización" que sufre el sector se convierta dentro de unos meses en un "frenazo".

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