La retirada de la impugnación del convenio de acreedores por parte de Delta Sport tenía letra pequeña: el acreedor exige que el Mallorca se haga cargo de las costas judiciales que ha originado el procedimiento –300.000 euros– para abandonar definitivamente su batalla en los tribunales.
El Real Mallorca se opone a hacer frente a esos pagos, argumentando que ese proceso judicial lo originó Delta Sport cuando a finales de diciembre impugnó el convenio de acreedores inicialmente aprobado por el juzgado de lo Mercantil número 2 de Palma.
Hasta entonces la juez, María Encarnación González, no podrá hacer oficial el desestimiento y, por tanto, el Mallorca no habrá salido oficialmente del concurso de acreedores –pese a que el Consejo de Administración ya no está sometido al estricto control de los administradores concursales–.
