Fractura total. Utz Claassen llevará a Llorenç Serra Ferrer y a Jaume Cladera a los tribunales después de que el sábado sus abogados acudieran al juzgado de guardia para interponer una querella criminal por supuesta estafa en la compra de sus acciones. Claassen reclama una indemnización de 600.000 euros a los dos dirigentes bermellones, pero el castigo puede ser mayor porque el delito de estafa, contemplado en el artículo 250.1 del Código Penal prevé penas de cárcel de entre uno y seis años y una multa económica de entre seis y doce meses. A partir de este lunes el caso se derivará a un juzgado de instrucción. Un regalo indeseado
Pero hay más. El germano se reserva la posibilidad de ampliar su denuncia con otros cuatro delitos: Contratos abusivos que han perjudicado al club; falsedad documental; limitación a un socio del ejercicio del derecho de control y de la información; y corrupción entre particulares. El primero de estos delitos se refiere a los pormenores que rodearon las contrataciones de Alejandro Alfaro, Joao Víctor y Ratinho. Claassen se pregunta por qué Impera, sociedad radicada en Suiza, intervino en el fichaje de los tres futbolistas cobrando comisiones. Y sobretodo por qué los dos brasileños afirman desconocer por completo la existencia de tal sociedad.
Otra de las posibles acusaciones, la de falsedad documental, podría ir dirigida contra Miquel Coca porque Claassen considera que las actas de los Consejos no reflejan la realidad.
Cumplida su amenaza, el segundo máximo accionista bermellón no se olvidó de Cladera, que el sábado desafió al germano apremiándole a denunciar. "Lo que he hecho va en consonancia con el ardiente deseo del presidente de que pusiera la querella rapidito. Espero haberle satisfecho", ironizó ayer Claassen en declaraciones a este diario.
En cualquier caso, el empresario alemán aclaró que la decisión de ir a los tribunales la tenía tomada antes de escuchar las palabras de Cladera. "Había dado a Serra Ferrer hasta el viernes para que respondiera a mi contraoferta. Pero no hubo ninguna respuesta ni en un sentido ni en otro, como manda la cortesía. Así que no había nada más que pensar", explicó el teutón.
El martes Claassen rechazó la propuesta de Serra Ferrer de recomprarle un diez por ciento de sus acciones por el mismo precio que pagó por ellas (500.000 euros) lanzándole una contraoferta: transferirle el 28,8 por ciento de los títulos o pagarle una indemnización de 590.000 euros como compensación por el supuesto sobreprecio que el alemán ha pagado por sus acciones. Nadie esperaba una respuesta afirmativa del pobler porque ceder ese porcentaje accionarial habría supuesto en la práctica perder el control del club en beneficio del germano.
Los abogados de Claassen acompañan su denuncia con 25 documentos que probarían el supuesto sobreprecio que pagó por sus acciones, al tiempo que han nombrado a varios testigos para el caso. Asimismo, han solicitado "el secreto de las acusaciones para evitar daños al club".
El teutón ha pagado un millón de euros por su veinte por ciento –quinientos mil cuando entró en el club y otros quinientos mil a la familia Nadal en diciembre– porque según su versión tanto Serra Ferrer como Cladera le informaron de que el expropietario Mateu Alemany había valorado el 98,8 por ciento de los títulos que controlaba en cinco millones de euros. Ahora Claassen asegura haber reunido pruebas de que en realidad aquel paquete accionarial estaba valorado en dos millones de euros, por lo que habría pagado un sobreprecio de 600.000.
