Los cuatro familiares han sido absueltos de una grave acusación por la que podrían haber sido condenados, cada uno, a penas que suman hasta diez años de prisión, si la fiscalía hubiera mantenido su acusación inicial. A cada uno de los familiares que participan en esta empresa se les imputaban tres delitos tributarios por no pagar el canon autonómico que se aplica al agua. Además de las elevadas penas de prisión, la acusación también pedía que los empresarios perdieran la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante 16 años. Al fijar toda la responsabilidad en el padre, ya fallecido, los hijos han terminado absueltos de este delito.