El proceso judicial contra los cuatro hermanos propietarios de la empresa Aguas Canalizadas de Alcúdia (ACASA), que se encarga del suministro de agua, entre otras zonas, de Alcúdia, ha terminado con una sentencia absolutoria a favor de los acusados. Una absolución que se ha conseguido después de que los cuatro acusados hubieran pagado todo el dinero que les reclamaba la comunidad autónoma de Balears por no haber abonado en su día el canon de saneamiento de aguas que sí habían cobrado a sus clientes. El dinero que han tenido que ingresar los cuatro familiares a las arcas públicas supera los tres millones de euros, según señalaron fuentes jurídicas.

En realidad, tanto la fiscalía, como la comunidad autónoma, en su momento denunciaron tanto al padre como a los cuatro hijos que actuaban como representantes legales y formaban parte del Consejo de Administración de esta entidad privada de suministro de agua potable. Sin embargo, antes de que el caso llegara a juicio se produjo la muerte del padre, que según han podido demostrar sus familiares, era quien se encargaba personalmente de toda la gestión de la recaudación y pago del canon de saneamiento de aguas, que es un impuesto que recauda la comunidad autónoma.

Una vez comprobado que la comunidad autónoma había cobrado todo el dinero que se exigía a los responsables de esta empresa, la abogacía anunció su intención de retirar la acusación. La fiscalía de Balears, que inicialmente imputaba tres delitos contra la Hacienda Pública, se sumó a la iniciativa de la comunidad autónoma y decidió también retirar la acusación, dado que el que parecía como principal acusado, el dueño de la empresa, ya había fallecido y por ello su responsabilidad penal había quedado extinguida. El periodo de impago de este impuesto se sitúa entre los años 2009 y 2013. En esa época, esta empresa se encargaba de la distribución del agua potable en distintas zonas del norte de Mallorca.

En concreto, suministraba agua en Alcúdia y en las zonas de Crestatx, s'Oboc y Son Toni, que se encuentra en el municipio de sa Pobla. El Govern les denunció porque, como empresa, había cobrado a sus clientes el correspondiente canon de aguas y, aún así, no habían ingresado este dinero en las arcas de la comunidad autónoma. La cuota impagada que reclamaba la administración autonómica era de 2,6 millones de euros.

A esta elevada cifra hay que sumar el pago de los intereses y de las costas judiciales.