La pulcritud de intenciones y comportamientos, en cuanto a la delimitación estricta de intereses particulares y servicio público, no suele ser una de las principales características de los cargos electos. Es un déficit particularmente grave porque acaba teniendo un efecto corrosivo sobre las instituciones. Aún más si se tiene en cuenta que alcaldes y ediles, al asumir el cargo, han puesto la mano sobre un texto legal fundamental comprometiéndose a ejercer su misión con fidelidad a las normas establecidas en beneficio del servicio público desinteresado.
No siempre funciona. En los ayuntamientos suele quedar una zona nebulosa propicia para camuflar y hacer avanzar el beneficio propio. Ha vuelto a ocurrir en Andratx.
La alcaldesa, Katia Rouarch, ha firmado decretos y disposiciones de una convocatoria de personal municipal a una de cuyas plazas aspira su hija. Es muy posible que la confluencia de lo particular y lo público hubiera pasado inadvertida o avanzado sin mayor dificultad, de no ser por el recurso presentado por otra de las concursantes.
El pacto de gobierno de Andratx, integrado por PP y El Pi, defiende la legalidad de la actuación de la alcaldesa de este último partido. Sin embargo, la ley de Régimen Jurídico del Sector Público deja clara la obligación de abstención cuando media interés personal en el asunto. Rouarch ha seguido interviniendo de lleno en algo que le afecta en primer grado de consanguinidad. Esta no es la transparencia y escrupulosidad de actuaciones que tiene prometida El Pi. Ha actuado pensando que el desconocimiento o el secreto puede dar por buenos hechos consumados. El PP le ha amparado lo cual, visto el historial de este partido, no puede sorprender tanto.
Aún en el supuesto de que la ley tolerara el arte y parte de la alcaldesa de Andratx, habrá que admitir, en pura lógica, que lo hecho por Rouarch no liga en modo alguno con la ética y el sentido común. Que no se quejen los alcaldes si avanza la idea de que los ayuntamientos son un nido de intereses confusos.
