Lorenzo Ordinas y Matías R. se declararon ayer culpables en Palma de un delito contra la ordenación del territorio por hacer unas obras ilegales, en 2006, en un almacén agrícola situado en la falda del Castell d'Alaró y en una zona declarada Área Natural de Especial Interés (ANEI). La construcción fue denunciada en su día por tratar de convertir la caseta agrícola en una vivienda, un extremo que no quedó ayer acreditado en el juicio.
La jueza Francesca Ramis juzgó ayer a cinco personas en relación a esta causa, que se inició en octubre del 2006. La vista oral empezó con varias cuestiones previas planteadas por las defensas de los cinco acusados, los dos que fueron finalmente condenados, la representante de la empresa propiedad de la finca, un arquitecto y una arquitecta técnica. Las defensas reclamaron la prescripción de los hechos o la nulidad de la causa por supuestas indefensiones durante la larga instrucción.
Tras un receso, las partes negociaron con el fiscal, que aceptó retirar la acusación contra los técnicos y aplicar a los dos acusados del delito un atenuante muy cualificado de dilaciones indebidas. La acusación pública también retiró la acusación contra Lorenzo Ordinas por un delito de desobediencia.
Finalmente los dos principales acusados y la responsable civil se conformaron con penas de multa y se declararon culpables de un delito contra la ordenación del territorio.
La pena impuesta fue de mes y medio de privación de libertad, sustituible por una multa de 540 euros, mientras que la empresa propietaria deberá pagar otra pequeña multa.
Los hechos se descubrieron en 2006 cuando agentes medioambientales denunciaron que un almacén agrícola construido con una licencia del 2004 en el ANEI del Puig d'Alaró podía estar convirtiéndose en una vivienda.
Planta camuflada
Las inspecciones revelaron que en la nave agrícola se había construido una planta sótano que quedó inicialmente camuflada con tierra. Después esa tierra se apartó y apareció la estancia que no tenía nada que ver con los usos agrícola-ganaderos que en teoría tenía la construcción.
En el lugar también se realizaron trabajos de pavimentación y se construyó un baño.
El ayuntamiento de Alaró tomó cartas en el asunto y ordenó la suspensión de las obras en el almacén agrícola. El consistorio durante años también estuvo personado en la causa judicial como acusación particular, pero finalmente se retiró.
No pide la demolición
El fiscal no pidió ayer la demolición de las obras ilegales y señaló que deberá ser la Administración competente la que ordene ese derribo. El Consell de Mallorca informó favorablemente a la solicitud de edificar en ese terreno protegiendo el almacén agrícola.
La finca alegó que tenía un rebaño de ovejas y otro de cabras.
