La fachada pulcra, con control del técnico de patrimonio para que no te desmadres con ornamentos impropios del lugar, puede irse al traste en cualquier momento. Basta que la compañía de electricidad o telefonía de turno venga y, casi siempre con pocos miramientos, extienda sus cables sobre ella. Suele ocurrir.
El ayuntamiento de Binissalem tiene que envainarse su previsión de protección del conjunto histórico del municipio porque la Ley General de Comunicaciones valida como servicio básico las conexiones telefónicas y las grandes compañía, en base a ello, no tienen reparo en atarte a cables el portal o la ventana. Soterrar es más incómodo y caro. Además, el negocio es el negocio y prima el peso de la gran empresa mayorista.
Es una más de las comunes contradicciones de la Administración, sea cual sea su grado o escala. Por una parte, es capaz de subvencionarte la restauración de la fachada o el adoquinado de la calle y por otra te ata de pies y manos cuando intentas que el tendido eléctrico o telefónico quede disimulado al paso por tu domicilio. Ante ello, algunos particulares tiran por el camino de en medio y aplican sus propios remedios domésticos para camuflar el cableado. Lo que no se ve o se aprecia menos, parece que no está.
También es uno de los costes de la vida moderna. Todos queremos buena electricidad y banda ancha. Lograrlo no es gratis en cuanto a invasión antiestética. El wifi no lo solventa todo. En cualquier caso, resulta exigible que se respeten los valores patrimoniales, igual que se exige a un particular, cuando se realizan conexiones y enlaces que requieren nuevos tendidos de cableado.
