Demostrado está que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, más conocida como Ley Montoro en honor y dudoso mérito de su autor, ha venido a complicar la ya de por si difícil contabilidad municipal. Es verdad que había despilfarro en abundantes consistorios, pero no es menos cierto que con la medida adoptada también pagan justos por pecadores, porque se ha recurrido al recurso fácil de apretar al más débil y accesible de la Administración. Como los ayuntamientos son los más próximos al ciudadano y quienes le procuran los servicios públicos básicos, también es evidente que el vecino es el primero que se resiente o se beneficia, según el caso, del estado de salud de las cuentas municipales.
O sea que, ahora más que nunca, se trata de saber practicar el buen arte de cuadrar el presupuesto y los servicios prestados haciendo, al mismo tiempo, compatible lo uno y lo otro. Un ejemplo de las prácticas al uso que impone la Ley Montoro son las piruetas y aprovechamiento de las oportunidades contables que se están llevando a la práctica en la casa consistorial de Inca. La cesión de la residencia Miquel Mir al Consell, prevista para el mes de junio, permitirá enjuagar los 430.000 euros de exceso de gasto permitido en el presupuesto de 2017. Hablamos de un consistorio con 2,7 millones de superávit y 12 de liquidez que arrastra una deuda de otros 6,7 millones y logra pagar a sus proveedores con una media de 19 días.
Son datos que demuestran cómo la legislación vigente ha vuelto mucho más complejas las haciendas municipales y dejan a la vista la falta de autonomía de los ayuntamientos para orientar su gasto. Eso, al margen de su salud financiera.
