La ordenanza sobre promoción, venta y consumo de bebidas alcohólicas que ha sido elaborada por el Consell, la Felib, el Govern y los ayuntamientos de la isla incluye la exigencia de que en las barras donde se suministren bebidas alcohólicas haya un mínimo de personas con el certificado que acredite su participación en un curso de Dispensación Responsable de Bebidas Alcohólicas, una certificación que será expedida por el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS) después de que los aspirantes hayan seguido una formación teórica ´on line´ y una sesión práctica presencial.
De momento, ya están previstas tres sesiones prácticas el próximo mes en Palma, Manacor e Inca. Las sesiones presenciales se programarán "según las necesidades", mientras que la inscripción a la parte teórica "estará siempre abierta", explica la institución insular.
La ordenanza antibotellón que será ofrecida a los ayuntamientos ha sido el tema central que se ha debatido hoy por la mañana en la asamblea de alcaldes convocada por el Consell en Palma. La consellera insular de Bienestar Social y Derechos Sociales, además de presidenta del IMAS, Margalida Puigserver, ha explicado que la normativa "nace con el objetivo de unificar criterios a la hora de aplicar la normativa" sobre el botellón y ha añadido que "responde a una necesidad que hemos detectado en los municipios y en la sociedad en general de actuar sobre el consumo abusivo de alcohol, sobre todo en las fiestas populares". Puigserver ha destacado que la ordenanza, que a su entender no tiene carácter "represor", "debe convertirse en una herramienta que permita abordar el problema de manera conjunta, con medidas similares y equivalentes en todos los pueblos".
Por su parte, el president del Consell, Miquel Ensenyat, ha añadido que la intención de la institución es la de "dotar a los ayuntamientos de un instrumento con todas las garantías legales y jurídicas para combatir los efectos negativos del botellón".
Tal y como informa hoy este diario, los ayuntamientos de la isla deberán decidir ahora si asumen la ordenanza tal y como está redactada o bien mantienen la normativa que vienen aplicando en sus respectivos territorios.
El Consell destaca que el texto "ya está listo" para ser sometido a la "consideración y aprobación" de los respectivos plenos municipales. Los ayuntamientos que ya tienen en vigor alguna ordenanza similar "deberán añadir un artículo que derogue las cuestiones tratadas", siempre que estos consistorios decidan sustituir sus propias ordenanzas por la nueva normativa supramunicipal presentada hoy en Palma.
