Inca es una ciudad que debido a su expansión mercantil ha conservado poco patrimonio arquitectónico, y ese poco patrimonio está en peligro porque los propietarios carecen de ayudas para conservarlo. Los edificios que están integral o parcialmente protegidos eran antes subvencionados con bonificaciones fiscales, no obstante una advertencia del Tribunal de Cuentas obligó al Ayuntamiento a retirar esas ayudas.
Uno de los propietarios afectados es Miquel Marqués. La fachada del antiguo Club Velocipedista está protegida y Marqués dice que restaurarla le cuesta unos 4.000 euros.
Informes
"El problema mayor es que no puedes rehabilitarla como quieras sino que ha de ser como ha sido siempre. Eso implica informes de Patrimonio, papeleo y más papeleo, además de los costes y no tenemos ninguna compensación a cambio de preservar esta imagen para el pueblo", sostiene el propietario.
Otro propietario, este caso de un conocido celler del centro de la ciudad apunta: "Nosotros hacemos las obras imprescindibles para mantener el edificio y poder explotar nuestro negocio, pero ninguna fantasía más porque nos cruje la economía. Antes teníamos ayudas pero ahora lo que tenemos son pegas y más pegas, y gastos, que es lo peor".
Otra propietaria de un molino de la zona del Serral manifiesta que su barrio "es especialmente una imagen peculiar de la ciudad. Los molinos son caros de mantener en buenas condiciones, yo pienso que no tendríamos que pagar ni un euro por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles puesto que estamos haciendo una gran contribución a la imagen de Inca".
El teniente de alcalde de Hacienda e Inversiones, Àngel Garcia, le da la razón a los vecinos y manifiesta que "es que en estos momentos si protegemos un edificio le estamos haciendo un auténtico traje al propietario porque legalmente no podemos compensarle de ninguna forma". Por ese motivo Garcia expuso en el pasado pleno una moción de su grupo (Independents d'Inca) en la que solicitaba un cambio en la Ley que dé más autonomía fiscal a los Ayuntamientos y así puedan volver a establecer bonificaciones.
Colectivos afectados
Garcia agrega que "no sólo se trata de poder ayudar a los propietarios de edificios protegidos sino también a los minusválidos, a las familias con graves problemas económicos y otras situaciones similares. Ahora mismo estamos atados de pies y manos".
El edil insiste en que "el Ayuntamiento recibió una advertencia del Tribunal de Cuentas y tuvimos que suprimirlas, sabemos que otros ayuntamientos las están dando y eso crea una gran confusión en los administrados. Pero es que si nosotros las diéramos a la brava estaríamos incurriendo en un delito".
