Una abogada que había ejercido de regidora del PP de Binissalem en la legislatura 2007-2011 y que ha integrado las listas electorales de los populares en calidad de suplente en los dos últimos comicios de 2011 y 2015 ha firmado dos informes jurídicos que el PSOE había solicitado a la figura neutral de la secretaria municipal con el objetivo de determinar la legalidad de dos actuaciones del equipo de gobierno liderado por el PP y que han levantado suspicacias en el grupo municipal socialista. El motivo por el que la funcionaria ha delegado en la abogada la elaboración de los dictámenes es el "exceso de trabajo" de la secretaria municipal.

Los informes que el equipo de gobierno presidido por el alcalde Andreu Villalonga (PP) ha contratado a la abogada Maria Gomila habían sido solicitados por el PSOE, que sospecha de una posible vulneración de la Ley de Proteccion de Datos en la iniciativa municipal de regalar un libro de homenaje a los mayores durante las pasadas fiestas del Vermar, y también había solicitado una valoración jurídica sobre el alquiler de espacios públicos para actividades privadas.

En ambos dictámenes la abogada firmante destaca que su trabajo es una "petición" de la secretaria municipal y precisa que los escritos recogen "el parecer y las consideraciones" de la redactora "sin perjuicio de cualquier otra consideración jurídico fundada en derecho".

Los informes avalan la actuación municipal en los dos casos, con diversos matices. Así, apunta que es la Agencia de Protección de Datos la encargada de dictaminar una presunta vulneración de la ley en el caso del libro regalado a los mayores en la Vermada. Destaca que el único supuesto que podría vulnerar la ley es la publicación de la relación de los empadronados entre 1917 y 1936, que incluye los nombres y las fechas de nacimiento de estas personas, siempre que su publicación no fuera autorizada por estos vecinos y no tuviera un fin histórico, estadístico o científico.

El otro informe explica que es habitual la cesión de espacios municipales para actividades privadas pagando las correspondientes tasas, si bien "no existe una regulación normativa para el ejercicio de estas actividades", por lo que se sigue una "tramitación peculiar" a la espera de la modificación, que está en trámite, de la ley de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en Balears.

"No es ético ni correcto"

La portavoz socialista de Binissalem, Pepa Ramis, apunta que la "externalización" de las tareas de la secretaria para "poner en manos de una exregidora del PP" la capacidad de evaluar si sus "compañeros" actúan conforme a la ley "no nos parece adecuada, ni ética ni correcta".

Los socialistas se preguntan si esta práctica "es compatible con criterios de de objetividad y rigurosidad", ya que "lo que se cuestiona es si el equipo de gobierno del PP sigue la normativa y las leyes que corresponden" y también expresan su "preocupación" por la externalización de las tareas propias de los trabajadores públicos y de "áreas tan delicadas como la secretaría municipal".

El PSOE ha solicitado en diversas ocasiones información sobre la relación contractual entre la abogada y el Ayuntamiento y el listado de trabajos realizados. "Nos sorprende que el alcalde todavía no haya contestado y el mutismo que envuelve a esta cuestión", concluye Pepa Ramis.