El crecimiento al alza de los últimos años y las previsiones todavía más expansivas de la mayoría de planeamientos urbanísticos que afectan a las poblaciones de Mallorca ha alcanzado tales niveles que, entre otras muchas cosas, ha acabado mermando la capacidad de autonomía municipal.
Se invierten los términos por estricta necesidad. El desarrollo, prácticamente de mentalidad continental, no tiene ningún sentido en una isla saturada por la doble residencia de autóctonos y la ocupación turística.
Las normas subsidiarias se actualizan a la baja y sujetas a los criterios restrictivos impuestos por el Consell. En 1986 se hacía una estimación de 50.000 habitantes para Santa Margalida, ahora se dan cuenta de que, en sus dos grandes núcleos, la Vila y Can Picafort, resulta conveniente no sobrepasar los 30.000. La modificación se sustenta en la reducción del índice de intensidad de las parcelas, es decir, en evitar la concentración edificable y de residentes en un mismo punto. El alcalde está preocupado porque no se incorpora terreno urbanizable residencial, lo cual, en la práctica, vetará las viviendas de protección oficial. Probablemente, la alternativa está en la recuperación de viviendas degradadas o infrautilizadas. En el caso de Santa Margalida el factor turístico se vuelve también especialmente determinante. Falta saber las plazas de alquiler vacacional que se otorgarán a un municipio que en 2017 ingresó 80 millones por este concepto.
