La empresa Aguas Canalizadas de Alcúdia S.A., Acasa, cuyos miembros del consejo de administración están acusados de varios delitos fiscales por apoderarse, supuestamente, entre 2009 y 2012 del canon de saneamiento abonado por los consumidores y correspondiente al Govern, ha ingresado en las arcas autonómicas casi 2,4 millones de euros correspondientes a dicho impuesto.
La sala segunda de la Audiencia decidió ayer, en una vista previa convocada por la mañana, dar pie a las partes a negociar un pacto de conformidad.
El abogado de la Comunidad Autónoma informó de que no se cierra a ese acuerdo si se comprueba el ingreso de los impuestos. La única diferencia que existe es que Aguas de Alcúdia entiende que el ejercicio de 2009 estaría prescrito y de momento no ha devuelto 266.000 euros de impuestos de ese año.
El tribunal señaló la vista oral para los próximos días 23 y 24 de abril de este año. Los acusados, miembros de la familia Cerdà Torres, estuvieron ayer presentes en la vistilla y están defendidos por Eduardo Valdivia.
Los acusados habrían alegado que la gestión de la empresa correspondía de froma exclusiva al padre de la familia, ya fallecido, mientras que los hijos formaban parte del consejo de administración pero con nula implicación en la gestión económica. Tal y como ya informó este diario el pasado sábado, el fiscal solicita hasta catorce años de cárcel para cada uno de los cinco representantes de la empresa Aguas Canalizadas de Alcúdia S. A., Acasa, por cuatro presuntos delitos contra la Hacienda Pública. También reclama elevadas cuantías en multas y el pago de más de 2,6 millones de euros correspondientes a las cuotas presuntamente defraudadas por la empresa.
La acusación del fiscal se dirige contra cinco miembros de una misma familia que entre los años 2009 y 2013 eran los representantes legales de la citada entidad, que durante el mismo periodo se dedicaba al suministro de agua potable a distintas zonas del norte de la isla como los núcleos de Crestatx, S'Obac y Son Toni, en el municipio de sa Pobla, y también al municipio de Alcúdia.
Según el escrito del fiscal, "los acusados, a pesar de haber facturado la empresa a los contribuyentes la cuota correspondiente en concepto de canon de aguas y con pleno conocimiento de sus obligaciones tributarias, no ingresaron la totalidad de las liquidaciones correspondientes a dicho tributo durante los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012". También se reclama el pago de multas superiores a los 9,8 millones.
