Antes de iniciarse el pleno de los presupuestos para este 2018, la alcaldesa de Porreres, Francisca Mora (El Pi), informó a los miembros del consistorio que el pasado viernes el trabajador del Ayuntamiento, Jaume Vidal Bauzá, que había sido suspendido de empleo y sueldo durante unos meses de 2016 y que a su vez se le había abierto un expediente disciplinario a causa de unas investigaciones iniciadas por la Guardia Civil y la Fiscalía por presuntos empadronamientos fraudulentos, había presentado a través de su abogado una instancia en el registro de entrada municipal en la que se adjuntaba copia del auto judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Manacor, en el cual se explica el sobreseimiento y archivo de la causa que tenía abierta dicho trabajador en ese juzgado.

Vidal reclama ahora que se inicien los trámites para cerrar el expediente disciplinario y se le abonen las retribuciones que le fueron retenidas en su día más los intereses.

Los diferentes grupos manifestaron su satisfacción por la resolución del problema, aunque manifestaron su malestar por tener que abonar los intereses por una situación en la que el Ayuntamiento no se había personado. Joan Barceló (Més) calificó la situación de "columpiada" de la Justicia Española que además de haber mantenido el secreto de sumario hasta el final y ahora con el archivo de la causa, se desentiende de los costes, que se tendrán que abonar entre todos los porrerencs.

Finalmente la alcaldesa, una vez hubo pedido disculpas públicas al trabajador y a su familia por la situación que les tocó vivir sin que el Ayuntamiento estuviera implicado en ello, explicó que Jaume Vidal Bauzá seguirá trabajando en el su actual departamento, aunque no podrá trabajar con los empadronamientos ya que su otra actividad laboral lo hace incompatible.

La alcaldesa fue desglosando las diferentes partidas y en el capítulo de personal explicó que se había incrementado debido a que se tenía previsto que un miembro del equipo de gobierno, Jaume Martorell, pasara a formar parte de la plantilla a tiempo parcial para de esta manera se puedan cubrir las horas que tiene que dejar su trabajo habitual, con una retribución anual de 8.000 euros.

Como en los anteriores años, el punto de disputa fueron los presupuestos destinados a fiestas, que para este año ascienden a 221.000 euros. Todos los grupos de la oposición opinaron que esta cuantía podría ser rebajada para dedicarse a otros menesteres. Desde Més se hacía la propuesta de destinar parte de esta partida a la cohesión social y el PP a la eliminación de barreras arquitectónicas.

La respuesta de Mora fue que el equipo de gobierno cree que las fiestas son muchas más cosas, entre ellas cohesión social, promoción, convivencia y que no creían oportuno hacer dicha rebaja. En la misma tónica fue la respuesta para el Partido Popular ya que en los presupuestos ya hay una partida para iniciar las obras de supresión de barreras arquitectónicas.