El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba), dependiente del Govern, hizo efectivo durante el pasado mes de diciembre el pago de las Indemnizaciones Compensatorias para Zonas Desfavorecidas (ICZD) por un importe de 4,62 millones de euros a casi 700 agricultores de Balears que reúnen la condición de ser profesionales del sector. Y es que, por primera vez, estas ayudas que tratan de compensar los inconvenientes de la insularidad beneficiarán solo a los payeses profesionales y no a todos los titulares de una explotación, tal y como se había hecho hasta la fecha. De esta manera, se ha reducido el número de beneficiarios, que recibirán una cantidad económica más elevada.

Las ayudas han sido presentadas hoy en la finca de Son Ordre, en Biniamar, por el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, y el joven payés Joan Reus, que trabaja en la citada finca y es uno de los beneficiarios de las ayudas compensatorias. En este sentido, el conseller ha señalado que “antes las ayudas estaban destinadas a mucha gente y el importe era reducido; ahora se concentran en las personas que realmente viven del campo para que tengan una renta más digna”.

Las ayudas del Plan de Desarrollo Rural que tratan de compensar aquellas zonas que presentan más complicaciones para la práctica de la agricultura han beneficiado a un total de 683 agricultores, de los cuales 196 sufren limitaciones de montaña y 487 otras limitaciones específicas. Así, casi 1,3 millones de euros se han abonado a los payeses que tienen sus explotaciones en zonas montañosas como la Serra de Tramuntana, territorio incluido en la línea ICZD en lo referente a las limitaciones de montaña. Por otra parte, un total de 3,33 millones de euros se han concedido en la línea ICZD de limitaciones específicas por sus características, que incluye las islas de Menorca, Eivissa y Formentera y también la zona de Campos-Ses Salines, en Mallorca.

Vidal ha explicado que la principal novedad es que la Unión Europea ya ha permitido la inclusión de todo el territorio balear como zona desfavorecida para la práctica de la agricultura. Esta circunstancia, según subraya el conseller, “supone un reconocimiento explícito de la insularidad” por parte de la administración europea.