El Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación por las implicaciones de la Ley de evaluación ambiental de 2016 sobre la protección de la Serra de Tramuntana y ha instado al Govern a acreditar que estos cambios no tendrán consecuencias nocivas en esa zona.
El exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán ocupa actualmente el cargo en funciones, tras la enuncia de Soledad Becerril, que dejó el cargo el pasado mes de julio.
En el marco de las actuaciones llevadas a cabo en 2017 para proteger el medio ambiente, el Defensor ha destacado en un comunicado la realizada por la aprobación de la ley medioambiental de Balears que rebaja la protección en los espacios protegidos y en especial de la Tramuntana.
La Ley de evaluación ambiental, aprobada en agosto de 2016 en Balears, introduce modificaciones que afectan a los usos de zonas de máxima protección medioambiental y permite el acceso y la estancia en esas zonas para actividades recreativas y de ocio, previa autorización de la conselleria de Medio Ambiente.
Al Defensor del Pueblo le "preocupa especialmente la situación de la Serra de Tramuntana, en Mallorca, que está catalogada como parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)".
El Defensor considera que cuando una administración promueve cambios normativos aplicables a los espacios naturales protegidos, dichas modificaciones "deben ir precedidas de una sólida justificación técnica que asegure que no se reduce el nivel de protección ambiental existente".
La institución ha pedido al Govern balear que realice un estudio que acredite que estos cambios no van a tener consecuencias nocivas y que, ante un posible impacto negativo, prohíba el acceso a las zonas de máxima protección y dé marcha atrás en el cambio legislativo que lo ampara.
Gobierno y ecologistas
La ley también ha sido cuestionada por los ecologistas y el Gobierno central. Desde el GOB advirtieron de que de el texto permite ciertos usos en zonas protegidas, como el paseo de viandantes, que hasta ahora no estaban permitidos en las llamadas zonas de exclusión. El GOB asegura que la norma fue aprobada para solucionar el polémico paso por la finca de Ternelles .
Madrid advirtió de que la ley suponía una reducción del nivel de protección "garantizado por la legislación básica estatal". Con este argumento, trasladó la Ley al Tribunal Constitucional, aunque abrió una línea de diálogo con el Ejecutivo balear para evitar el conflicto.
