¿Cuál es el origen del conflicto actual por la inmatriculación de bienes públicos entre la Iglesia y las administraciones o algunos particulares?
Lo que hoy sucede es consecuencia de la reforma legislativa de José María Aznar de 1998, cuando se permitió a la Iglesia poder acceder al Registro de la Propiedad. Eso hizo que se inmatricularan (pusiera a su nombre por primera vez un bien que no estaba inscrito por ser público) desde templos religiosos, hasta plazas, calles, locales comerciales, garajes o pisos; la mayoría sin documentación que lo avalara. Estamos hablando de más de 40.000 inmatriculaciones.
¿Cómo se explica que sin documentos se pueda reclamar algo que es de toda la sociedad?
Las administraciones no temían que esto pudiera ocurrir... porque eran bienes de todos. A nadie se le pasaba por la cabeza que la Giralda o la Mezquita de Córdoba pudieran pasar a un ámbito privado, cambiándoles incluso el nombre o pudiendo ser vendidas... como puede pasar también con la murallas de Sant Salvador de Artà, degradándolas al mismo nivel que un garaje. Mire, eso se explica a partir de dos normas franquistas de 1946 y 47, cuando se equiparó a la Iglesia con la Administración y a los obispos con notarios. A partir de ahí no hacía falta que rindieran cuentas a nadie, se iban al registro y se inscribían a su nombre sin documentos, aquello que aún no lo estaba por ser un bien de dominio público como el aire o el agua... Como le decía, esa apropiación masiva se acentuó a partir de 1998 cuando además tuvieron acceso para saber cuáles quedaban por inmatricular.
¿Pero eso no es un fraude?
Un fraude de ley por actuar con plena impunidad, en base a normas inconstitucionales. Un fraude de un valor incalculable, no solo a nivel económico sino también patrimonial.
¿Cómo le explica a un vecino de Artà que el registro de la murallas y el patio de Sant salvador a nombre del Bisbat puede tener consecuencias reales?
Las murallas de Artà son el símbolo y la memoria de un pueblo. Evidentemente que ello puede tener consecuencias, porque podrían disponer de ellas de forma privada. En estos momentos son un símbolo de otros casos que están pasando en Mallorca. El de un pueblo que se ha levantado consciente de que son más que un bien patrimonial, que son parte de sí mismos. Son las murallas donde ellos jugaron, donde jugaron sus padres y abuelos, y donde deberían poder jugar sus nietos.
¿Y qué pretende la Iglesia con todo ello?
No soy confesor ni juez, pero la principal consecuencia de privatizar un bien es que puedes impedir el uso por parte de los demás. Eso da un poder enorme a la hora de negociar ciertas cosas. En el caso de la mezquita de Córdoba incluso se le ha cambiado el nombre por el de Catedral, la Giralda es ahora oficialmente una 'dependencia anexa de la parroquia', así como las murallas artanenques son consideradas por el Bisbat como un simple 'muro de cerramiento'. Eso es una manipulación y ocultación de la memoria para dejar de ser lo que somos.
¿Cuántos bienes públicos ha inmatriculado el Bisbat en Mallorca durante los últimos años?
Es muy complicado dar una cifra exacta porque el propio Gobierno encubre el listado en toda España. Si quiere saberlo tiene que ir por intuición y comprobar en el registro, uno a uno, los bienes que crea que han podido ser enajenados. En Mallorca podrían llegar a ser unos 500.
Si el escándalo es tan grande... ¿Por qué apenas se conoce a pie de calle?
Por que se ha intentado llevar de forma clandestina. La notoriedad de lo que está pasando en España es mucho mayor en el exterior que aquí. En Portugal o en Francia, por ejemplo, no entienden que una catedral o Notre Dame pueda ser de la Iglesia, sino que es de todos. Mire, esta no es una cuestión confesional ni se trata de ir contra la Iglesia, porque ha sido la jerarquía eclesial la que lo ha perpetrado; la que se ha apropiado de lo que era de todos vulnerando las normas. No se han inmatriculado ninguna mina, sino que todo han sido cosas de valor, lo que denota una mala fe.
Pero en algunos casos como el de los templos de culto, deben tener papeles que certifiquen que son suyos...
En algunos casos. Esta no es una cuestión de ir en contra de la Iglesia, como le digo. A mi me parece perfecto que si puede probar que algo es suyo lo inscriba a su nombre, pero que lo declare y pague por ello como lo hace todo el mundo. La Iglesia tiene que devolver lo que es nuestro y empezar a pagar por lo que es suyo. El problema es que con las inmatriculaciones consentidas sin documentos, se han fabricado una prueba de la nada y ahora es la administración o los ayuntamientos los que deben probar que aquello es suyo, ¡cuando siempre lo ha sido!.
Pero como le decía, ¿Y si se trata de un lugar de culto católico como una parroquia?
Pero es que el uso no determina la propiedad de un bien. Por esa misma regla los hospitales deberían ser de los médicos y los colegios de los maestros, y no es así.
¿Por qué muchos Ayuntamientos, aún conscientes del expolio, no lo han denunciado?
Sobre todo porque son conscientes que enfrentarse a la Iglesia es entrar en un conflicto largo y tedioso; y porque a día de hoy no ha habido ningún juez que se haya atrevido a decir que lo han hecho en base a normas inconstitucionales. En este sentido el Gobierno fue muy hábil derogando esas mismas normas en 2015; no para atajar el problema sino para que no hubiera base jurídica para denunciarlo. De ahí que en 2015 hubiera un periodo de inmatriculaciones en masa.
¿Y no se puede acudir a tribunales internacionales?
Sí, de hecho en un caso particular el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos condenó hasta tres veces al estado español por permitirlo. Pero éste ha preferido indemnizar al afectado antes que cumplir con la sentencia.
¿Tan grave es todo esto?
Es la mayor descapitalización de Patrimonio público que jamás ha padecido el Estado. Así de claro. Y eso tiene una traducción económica y mercantil porque ni declaran ni tributan por ello, lo que tiene un coste público a nivel de educación o sanidad... La Iglesia es un Estado dentro del Estado, un paraíso fiscal dentro de él.
