El pleno de Santa Margalida aprobó ayer jueves por unanimidad una propuesta del alcalde Joan Monjo para resolver el convenio de colaboración suscrito en el año 2005 entre el Ibasan y el Ayuntamiento para la construcción de la nueva depuradora de Can Picafort al considerar que el Ibasan ha incumplido las obligaciones plasmadas en el acuerdo. De esta forma, el consistorio ‘vilero’ se desmarca del proyecto ya aprobado por Madrid y avalado por el Govern de construcción de una nueva estación de saneamiento en el municipio que, en principio, desechará las aguas depuradas en la Badia d’Alcúdia mediante un emisario submarino en Son Bauló, una solución rechazada por el Ayuntamiento por el impacto ambiental que, a su entender, causará en las aguas de la bahía en una zona eminentemente turística.
La propuesta del gobierno local iba acompañada de un informe en el que se detallan los presuntos incumplimientos del Ibasan, como la negativa de la citada agencia (hoy Abaqua) a reunir la comisión de seguimiento para tratar precisamente la petición municipal de resolver el convenio. Finalmente, la comisión fue convocada hace dos años, pero Abaqua “rechazó la posibilidad de reutilizar el agua depurada para riego y siguió con su apuesta de evacuar el agua por un emisario submarino”. En otras convocatorias posteriores de la comisión, los representantes de Abaqua “no asistieron a la reunión”.
La propuesta municipal incluía diversas causas de resolución del convenio, entre la que destaca la posterior inclusión en el proyecto del emisario submarino de Son Bauló. “Si en 2005 el Ibasan ya había pensado en un emisario submarino y no lo contempló expresamente, ha engañado a la Administración, y si no pensaba en ello pero finalmente ha presentado este proyecto, estamos ante un supuesto de modificación unilateral del convenio”, destaca la propuesta aprobada en el pleno.
Además, el Ayuntamiento critica al Govern por “delegar” en el Ministerio las obligaciones asumidas con el Ayuntamiento, “dado que la construcción se financiará con cargo a las partidas presupuestarias de Madrid como obra declarada de interés general”, lo que según el Consistorio ha motivado el “retraso” de las obras y la “perversión de la finalidad del convenio respecto a las previsiones iniciales”.
