La aplicación de decisiones y medidas drásticas necesita el colchón de una buena argumentación para poder ser defendidas. También unos plazos de tiempo y espacio.
De no cumplirse estas premisas, en parón injustificado o explicado de modo insuficiente, se estanca en lo corrosivo y se vuelve causa de queja y reivindicación de la actividad intervenida. Esto, más o menos, es lo que está empezando a ocurrir ante la prohibición de realizar nuevas perforación de sondeos para el alumbramiento de aguas subterráneas. A ello hay que añadir todavía el malestar por la tardanza en la resolución de las solicitudes de licencia en trámite.
Sa Pobla agrupa el grueso de las empresas dedicadas a realizar estas labores de perforación. Están inquietas. Entienden que la Administración ha agujereado su propia existencia y su actividad económica. Junto a ellas se inquietan también electricistas, instaladores y mecánicos.
El Ayuntamiento pobler, posiblemente a instancias de los afectados, se ha movilizado. Todo de libro y testimonial para quedar bien. Se aprueba una moción en la que se insta al Govern a poner fin al parón de sondeos. PSOE y Més, los partidos del Ejecutivo autonómico, se abstienen. Nada nuevo.
Dado que hablamos de perforaciones, emplearemos el mismo símil para resaltar que aquí no se han perforado hasta el meollo del asunto toda la complejidad y aspectos de la medida tomada. Falta saber si el Govern tiene controlados de verdad los recursos hídricos que administra y si la revisión del plan gestor de la materia justifica un paréntesis que no puede dilatarse de forma indefinida. Si los acuíferos están sobreexplotados hay que decirlo claro para saber a qué atenerse y ser responsables.
