El GOB advirtió ayer de que la tramitación de la suspensión de licencias de Calvià -que se enmarca en la revisión del plan general del municipio- contiene errores que podrían desembocar en "consecuencias jurídicas graves como producto de interpretaciones diversas a las que podría dar lugar".

En concreto, la organización ecologista señaló que tanto el informe ratificado por el pleno de la corporación como los planos adjuntos presentan una "importante confusión de conceptos" relativos, sobre todo, a uno de los terrenos donde se aplicaría esta suspensión de licencias: el tramo litoral.

En este sentido, el GOB detalló que, a lo largo del acuerdo, aparecen "hasta cuatro denominaciones diferentes" a la hora de referirse a este ámbito de aplicación: "protección litoral", "zonas de fragilidad paisajística", "zonas de protección paisajística" y "protección ribera de mar". Y recordó que ya le trasladó estas observaciones a principios de este mes al Ayuntamiento, sin que, asegura, haya recibido respuesta hasta el momento.

El Consistorio, por su parte, negó esta indefinición y argumentó que, en el informe técnico que acompaña la suspensión, quedan "claramente" establecidas las áreas a las que afecta esta medida.

Por otro lado, el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) se refirió ayer a las críticas expresadas por el PP sobre la decisión del gobierno municipal de no llevar el debate sobre el avance del PGOU al pleno, sino aprobarlo directamente en la Junta de Gobierno Local.

En declaraciones a este diario, Rodríguez Badal argumentó que era la única forma de agilizar el proceso sacándolo a exposición pública, recordó que no era obligatorio llevar este trámite a pleno y subrayó que mantendrá conversaciones con "todos los grupos municipales" de cara a consensuar al máxima este documento para su aprobación inicial. Una aprobación que, recordó, tendrá que ser por mayoría absoluta.

Mientras, el regidor de Esquerra Oberta de Calvià Rafel Sedano expresó ayer su "asombro" por lo que consideró "despropósito" de plan general.

Sedano informó de que, tras el aplazamiento del debate sobre el avance del PGOU (que en teoría debía tener lugar en el pleno de octubre), mantuvieron hasta tres reuniones con representantes municipales sin que acabasen fructificando en un consenso mínimo.