Capdepera

Fernández apunta a un conflicto de criterios entre el Seprona y el Ayuntamiento de Capdepera

El alcalde socialista se defiende de los presuntos delitos contra la ordenación territorial

26.10.2017 | 01:46
La zona costera de Cala Mesquida.

El alcalde de Capdepera, Rafel Fernández (PSOE), que el próximo 29 de noviembre tendrá que declarar como investigado por un presunto delito contra la ordenación del territorio, dice estar tranquilo y confiado en que la justicia obre en consecuencia, y pueda dar validez a los informes técnicos y jurídicos con que el Ayuntamiento avaló a una serie de construcciones realizadas cerca de Cala Mesquida.

"Es un conflicto de criterios entre el Seprona y el consistorio, que ahora deberá dirimir un juez", explica Fernández, quien aún no ha recibido la notificación para ir a declarar, junto a otros concejales y los exalcaldes, Bartomeu Alzina (PSOE) y Josep Gallego (UCap) también implicados en unas licencias y prórrogas anteriores y posteriores a 2012, cuando el ahora alcalde socialista accedió a su cargo.

Según el Ayuntamiento, que centra el problema en tres parcelas conflictivas (una de un funcionario municipal, otra del hermano de éste y una tercera de la pareja del exalcalde popular Joan Ferrer) las licencias fueron otorgadas antes de la entrada en vigor del nuevo Plan Territorial, por lo que los chalés podían edificarse dentro de las parcelas, sin que fuera necesaria una superficie mínima de 14.000 metros cuadrados.

Según el Seprona (dependiente de la Guardia Civil) ninguna de las licencias se ajustaba a normativa en el momento de las construcciones, que se avalan en unos informes técnicos municipales cuanto menos sospechosos para concederles prórrogas y así poder ceñirse a la ley anterior, más permisiva.

Fernández defiende la buena voluntad tanto suya como de sus funcionarios y resalta que no hubo "ninguna confabulación" para favorecer a ningún propietario. Incluso, y como medida preventiva, explica que se suspendió la licencia del funcionario implicado, una vez no había realizado aún ninguna obra.

El Seprona especifica, en un informe procedente de investigaciones previas llevadas a cabo desde 2013, todos los casos sospechosos y va detallando cómo el consistorio permitió la construcción de viviendas en parcelas que apenas superaban los 7.000 metros cuadrados, pese a que la ley marcaban que se necesitaban un mínimo de 14.000 desde 1997. Además de tratarse de solares situados en suelo rústico protegido (Área de Protección Territorial-Costas), desde diciembre de 2004.

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