Hay pocas cosas más confusas y complejas que las normas urbanísticas de implicación municipal y, sobre todo, el uso -o desuso- que se hace de ellas. Los malos hábitos políticos son la niebla permanente de la gestión urbanística, lo cual desemboca, invariablemente, en la desigualdad de trato y la afrenta legal. El último ejemplo de todo ello, por cuestiones de actualidad, se sitúa en Capdepera.
El juzgado llama a declarar al actual alcalde gabellí, Rafel Fernández y a dos de sus predecesores, en calidad de investigados, bajo indicios de haber permitido de forma deliberada la construcción de chalés fuera de ordenación en suelo rústico protegido de Cala Mesquida. Se enfrentan a un posible delito contra la ordenación del territorio.
Se trata de saber si dejaron hacer o se giraron a otra parte para colar intereses de funcionarios, parientes y promotores extranjeros. De ser así, nos encontraríamos, otra vez, ante el responsable público que hace exactamente lo contrario de su misión natural que no es otra que la de velar por los intereses de todos y el cumplimiento de la legalidad. Está acreditado que éste es un terreno frágil y adulterado en Mallorca.
