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Amarre legal y social de los puertos

Aún en tiempos de predominio de los usos aeronáuticos, los puertos siguen siendo un enclave esencial, sensible y apetecible, en un territorio insular como Balears. Mantienen su importancia cuando las artes de la pesca han perdido calado económico y los amarres tienen valor recreativo y turístico. O precisamente por eso último, una vez que todos hemos acabado recalando en el puerto definitivo de la industria del ocio.

El Govern está echando las redes sobre la actualización de las concesiones de los puertos, con el instrumental que le proporciona la nueva ley y la obligación de renovar las explotaciones antes del nuevo año. El conseller Marc Pons está contento. Ya ha conseguido poner al día 29 concesiones con unos ingresos de 9,8 millones. Solo le queda Can Picafort. El acuerdo alcanzado ahora en Port de Pollença se presenta como un gran logro porque va ligado a nuevas inversiones que, entre realizadas y pendientes, suman casi siete millones. El canon anual también pasa de 20.770 euros a casi 454.000.

En cuestión de puertos deportivos se tiende, quizás en demasía, a mirar el aspecto económico, dada la capacidad adquisitiva de muchos de sus usuarios. Esta tendencia a la exclusividad se vuelve peligrosa. Por lo menos esta vez parece que se está teniendo especial esmero en las funciones más sociales, en la promoción y cuidado del deporte básico y en los servicios con una cierta rentabilidad para las arcas públicas. Mucho mejor si, como también se dice, todo ello se hace sin consumir más territorio y evitando la multiplicación de amarres.

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