La Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADT), entidad dependiente del Consell que vela por la disciplina urbanística en el suelo rústico, ha ejecutado este año 2017 un total de cincuenta demoliciones de viviendas rústicas ilegales, cifra que casi duplica a la registrada en todo el pasado año 2016 (26 derribos) y que contrasta de forma significativa con la actividad generada por la Agència entre los años 2011 y 2015, cuando únicamente se llevaron a cabo un total de 19 ejecuciones de construcciones irregulares.
La última de las demoliciones ejecutadas por la propiedad a instancias de la ADT fue comunicada ayer por la entidad del Consell y corresponde a una vivienda unifamiliar de 140 metros cuadrados que había sido construida de forma ilegal en el suelo rústico del municipio de Búger.
No será la última, ni mucho menos. La ADT asegura que "queda mucho trabajo por hacer". Y es que solo en el pasado año 2016 se abrireron hasta 170 expedientes de demolición que deberán resolverse entre el presente año y el próximo 2018, según explica el gerente de la ADT, Bartomeu Tugores.
El responsable político de la Agència de Defensa del Territori cree que se ha producido un punto de inflexión importante a partir del cual la actividad de la ADT se ha multiplicado de forma significativa. "Se ha producido un efecto bola de nieve", apunta antes de introducir un dato clave que ayuda a explicar el fenómeno: "La práctica totalidad de las 50 demoliciones ejecutadas en 2017 han sido por iniciativa de los propios propietarios, que deciden acogerse a la reducción legal de las sanciones contempladas en la ley".
Multas coercitivas
Hace cinco años entraron en vigor las reducciones legales de las sanciones impuestas a los infractores, aunque ha sido a partir de los últimos años cuando los propietarios han empezado a acogerse a estas ventajas de forma mayoritaria. Así, si los propietarios afectados ejecutan la demolición durante el plazo de tramitación del expediente se pueden beneficiar de una reducción del 90 por ciento en el coste del proyecto de derribo, mientras que podrán obtener una disminución del 80 por ciento del coste si se ejecuta el derribo de la vivienda dentro del plazo que otorga la ADT cuando dicta una orden de demolición. "La reducción siempre suele ser superior al coste de la demolición", apunta Tugores.
Si estas medidas no son suficientes para que los propietarios decidan ejecutar la orden por su cuenta, entran en juego las multas coercitivas, que suelen ser definitivas. Cuando finaliza el plazo voluntario para que la propiedad de una construcción ilegal decida derribarla, se imponen hasta doce multas anuales (una por mes) que cubren el 10 por ciento del valor de la propiedad. Son sanciones que mensualmente pueden oscilar entre los 6.000 y los 12.000 euros, cantidades importantes que normalmente hacen entrar en razón a los infractores.
"Poco a poco la gente ve que se está actuando y sabe que si la ADT detecta una infracción tiene intención de llegar hasta el final", explica Tugores. Además, cuando en un pueblo determinado la administración obliga a derribar una vivienda ilegal, la noticia suele transmitirse rápidamente entre los vecinos, que van adquiriendo conciencia de la obligatoriedad de respetar las leyes urbanísticas.
El gerente de la ADT añade además que la gente "empieza a ser consciente" de que la Agencia "actúa sin directrices políticas de ningún tipo, solo con la voluntad de actuar conforme a la Ley".
