El pleno ordinario celebrado el jueves en el ayuntamiento de Santa Margalida aprobó por unanimidad una propuesta del equipo de gobierno para instar al Govern a remitir al gobierno central la solicitud para convocar una consulta popular sobre la conveniencia de construir una nueva depuradora en el núcleo de Can Picafort, un equipamiento que el actual equipo de gobierno formado por Convergència-El Pi y el PP rechaza frontalmente.
El acuerdo aprobado ayer ya incluye la pregunta que se trasladará a los ciudadanos si finalmente la consulta popular es autorizada por Madrid: "¿Apoya que el Ayuntamiento se oponga por todas las vías legales a su alcance, incluida la vía jurisdiccional, a la aprobación del proyecto de una nueva estación depuradora de aguas residuales en Can Picafort y un emisario submarino que verterá las aguas en la bahía de Alcúdia delante de la playa de Son Bauló?".
Cabe recordar que el proyecto de depuradora ha sido declarado de interés general por el Ministerio de Medio Ambiente y el Govern también se ha mostrado favorable a su construcción.
El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, explicó ayer que el Ayuntamiento está muy interesado en conocer la opinión de los 'margalidans' sobre este proyecto que, a su entender, provocará un grave impacto ambiental en la costa de Son Bauló.
El Ayuntamiento todavía debe decidir qué censo podrá participar en la consulta si finalmente es autorizada. Monjo se declaró favorable a que puedan participar los mismos ciudadanos que votan en las elecciones municipales, aunque también se mostraría de acuerdo en permitir la participación de todos los mayores de 16 años.
Por otra parte, el pleno también aprobó por unanimidad una moción de urgencia que reclama al Govern que incluya en los presupuestos de 2018 la partida para construir la reivindicada escuela pública de Can Picafort, ya que, según Joan Monjo, el Ayuntamiento no puede avanzar el dinero por las limitaciones impuestas por la Ley Montoro.
