El simple trámite que anteayer fue tratado en el pleno el ayuntamiento de Llucmajor, referente a la separación efectiva del consistorio del Consorcio de la Playa de Palma, es decir, el famoso Plan de Reconversión Integral de s'Arenal de Llucmajor y la Playa de Palma, reveló que la disolución de este ente crea una gran incertidumbre, tanto en la clase política como entre los vecinos y empresarios.
Hay que recordar que hace más de diez años se prometieron más de 100 millones en inversiones. No en vano, se trata de un destino turístico maduro, de referencia en Mallorca y que, a todas luces, precisa modernización, esponjamientos, nuevos equipamientos, etc. Hay una evidente falta de plazas de aparcamiento de coches, áreas degradadas que perjudican seriamente la imagen, etc.
Sin embargo, no se justificaron una elevada cantidad de millones, se desviaron muchos a otros proyectos y el Gobierno de España ha dicho hasta aquí hemos llegado. En consecuencia, la liquidación es toda una realidad y tanto el Govern balear como los ayuntamientos de Palma y Llucmajor han procedido a su retirada.
El equipo de gobierno llucmajorer considera que todo ello es una lástima, y más teniendo en cuenta que en los últimos años se han dado pasos de cara a un nuevo centro de salud; la revitalización y embellecimiento del Torrent dels Jueus; la creación de una Vía Verde (aprovechamiento de la antigua línea de tren al igual de lo realizado entre Manacor y Artà), y el proyecto Europan con la implicación de arquitectos europeos para diseñar un atractivo bulevar que enlace el club náutico con la plaza Mayor. A su vez, de lo hecho, se destaca la planificación y ordenación urbana.
Así las cosas, el ayuntamiento de Llucmajor recupera unas competencias y confía en que, pese a la disolución, Consell, Govern y Madrid atiendan las demandas y destinen dinero. Las asociaciones vecinales están indignadas y el PP exige mayor información, que se aclaren las subvenciones y se garantice seguridad jurídica.
