La conselleria de Medio Ambiente ha multado con 50.000 euros a la empresa de Bunyola Agroforest S.L. por haber talado 1.649 encinas sin autorización en una finca de su propiedad situada en la zona de Honor, en la carretera de Bunyola a Orient, dentro de los límites del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana y clasificada como zona de uso limitado en su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), además de ser una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Los hechos ahora sancionados se remontan al mes de marzo de 2015, cuando dos trabajadores de Agroforest, propiedad de un conocido empresario de Bunyola, fueron descubiertos por un agente de medio ambiente mientras estaban talando las encinas sin autorización. Entonces, se habían talado 181 pies de encina, hecho que el funcionario calificó de "grave" y procedió a decomisar y dejar en depósito los restos hallados. No obstante, cinco días después, cuando volvió a la la finca, descubrió que habían continuado talando encinas sin ningún tipo de autorización. La reiteración en el delito siguió días después hasta llegar a las 1.641 encinas taladas con una superficie de 25 hectáreas afectadas.
Fines comerciales
La tala de las encinas sin autorización se ve agravada también en esta ocasión porque se llevó a cabo con claras finalidades comerciales y en un finca situada en un área natural de especial interés y alto nivel de protección (AANP). A pocos ha sorprendido la sanción a este conocido empresario agrícola y promotor inmobiliario de Bunyola, que en los últimos años ha tenido lidiar con numerosas denuncias por delitos ambientales. Le ocurrió, por ejemplo, en 2005, aunque entonces prescribió o se dejó que prescribiera, lo que provocó gran malestar entre agentes de medio ambiente.
En esta ocasión, la conselleria dirigida por Vicenç Vidal arguye "intencionalidad y reiteración" en los delitos ahora sancionados ya que los agentes pudieron demostrar que parte de las encinas taladas ya habían sido vendidas a un mayorista de madera. Calcularon que ya se habían distribuido unas 240 toneladas de madera de encina talada de forma ilegal, con un precio estimado de 28.710 euros.
En el momento de esta tala, la empresa Agroforest S.L., dedicada a realizar trabajos agrícolas y forestales, no disponía de ninguna autorización de aprovechamiento forestal. Solo había tramitado una solicitud para talar 180 encinas y tenía autorización de la Conselleria para llevar a cabo dos talas directas de 35 encinas y 32 pinos, pero en un área situada fuera de la zona donde se produjo la tala masiva de las 1.641 encinas.
