La mayoría de la oposición política municipal de Calvià expresó ayer su "preocupación" por las consecuencias para las arcas municipales en forma de indemnizaciones "millonarias" que puede tener el cierre cautelar de la macrodiscoteca BCM de Magaluf, en el marco de una revisión de licencias que el Consell Consultiu califica de "no conforme a derecho", según adelantó Diario de Mallorca el pasado lunes.
"Nuestra preocupación es máxima por las consecuencias que se pueden derivar de una actuación precipitada, poco transparente y con muchas sombras por parte de los responsables del gobierno municipal socialista", subrayó ayer el portavoz del Grupo Popular, José Manuel Ruiz, quien agregó que el dictamen del Consultiu "hace pensar en lo peor" para los intereses municipales.
En este sentido, Ruiz advirtió de que, al final, las consecuencias de este proceso las pueden acabar pagando los calvianers en forma de "indemnizaciones multimillonarias". "Si este asunto acabase en una indemnización millonaria, las responsabilidades políticas a exigir serían de primer orden", concluyó el portavoz popular.
Reconsiderar la posición
En parecidos términos se expresó el regidor de Ciudadanos en Calvià, Carlos Tarancón, quien resaltó que el Consell Consultiu es "un organismo de enorme prestigio y experiencia que ha dictado que las actuaciones del Ayuntamiento no se ajustan a derecho".
Por este motivo, prosiguió Tarancón, el gobierno municipal "debería reconsiderar si la decisión que tomaron en su día es la correcta o no". Esa decisión a la que se refiere es la revisión de la licencia de apertura, que data de finales de los ochenta, así como la revocación de la licencia de primera ocupación por deficiencias de seguridad y de torres de refrigeración, que motivó el cierre cautelar de la sala. "Estamos preocupados, porque, de momento, los organismos especializados no le dan la razón al Ayuntamiento y eso podría suponer un coste elevado para los habitantes del municipio", manifestó.
La regidora no adscrita, Isabel Manresa, alertó también de las "posibles consecuencias económicas para la ciudadanía". "El caso de BCM es la muestra de la inoperancia del equipo de gobierno. Al tomar posesión, heredaron un problema que fueron incapaces de resolver. Han tenido casi dos años para revisar la licencia y requerir a la propiedad para subsanar las deficiencias", arguyó Manresa. El único grupo político municipal que respaldó la acción del equipo de gobierno fue Esquerra Oberta de Calvià. Su portavoz, Alfonso Rodríguez Sánchez, aseguró que el cierre cautelar de BCM se debe a unas deficiencias halladas en materia de seguridad y consideró "lógico" que, hasta que no se subsanen, no se levante la suspensión de la licencia.
Excesivo tiempo
En su dictamen, adelantado por este diario, uno de los argumentos que utiliza el Consultiu es el excesivo tiempo transcurrido desde la concesión de la licencia -a finales de los ochenta- y el momento elegido para revisarla: casi tres décadas después.
De igual forma, hace referencia a la disparidad de criterios que se encuentran en los informes técnicos aportados por el Ayuntamiento para sostener su propuesta de revisión de oficio de la licencia de apertura de la macrodiscoteca.
