El ayuntamiento de Sóller ha impuesto una multa ejemplar al propietario de una casa en estado de abandono y ruina, por no llevar a cabo las obras de consolidación estructural del inmueble. El vecino tendrá que hacer frente a una sanción de 6.738 euros mensuales durante un año, mientras no ejecute los trabajos que le obliga la administración municipal.
El inmueble está situado en la calle de Isabel II, en confluencia con la avenida de Jeroni Estades. La casa fue apuntalada y cubierta de andamios en el año 2009 y desde entonces el titular del inmueble ha evadido hasta ahora las medidas coercitivas que le ha ido imponiendo el consistorio. Pero al ayuntamiento de Sóller se le ha acabado la paciencia y esta vez los técnicos han dado el visto bueno a imponer la primera de las doce sanciones coercitivas para que el titular del inmueble realice los trabajos para consolidar el edificio, y evitar que continue degradándose y suponga un peligro para los usuarios de la vía pública.
La sanción mensual equivale al 10% del presupuesto por el que se cuantifica la obra de consolidación estructural de la casa, que asciende a 67.380 euros.
Licencia de obras
La imposición de la multa es un paso más que da el ayuntamiento de Sóller para forzar la reparación de la casa. Anteriormente el municipio ya puso en marcha medidas similares que al final no se llevaron a la práctica.
El motivo fue que el titular presentó en el último momento un proyecto de reforma del edificio, lo que paralizó el proceso sancionador. Tras su tramitación municipal el consistorio le dio licencia para que ejecutara los trabajos previstos en la solicitud de licencia. El caso es que más de un año después las obras siguen sin realizarse pese a los requerimientos que ha hecho el ayuntamiento, según han informado fuentes municipales.
A la vista de que no se ha hecho nada y la casa constituye un peligro para los viandantes y conductores, el Ayuntamiento ha decidido dar vía libre a las multas coercitivas. El propietario se ha negado a recibir las notificaciones, por lo que el consistorio ha recurrido a remitirlas al Boletín Oficial del Estado para su próxima publicación.
