Lejos de amainar, el malestar latente entre la Policía Local de Llucmajor y el consistorio, linda ya con la ruptura y el enfrentamiento abierto. Una verdadera inquietud para el sufrido llucmajorer de a pie que halla bronca donde necesita solución, apoyo y seguridad.
La expresión del decepcionado delegado de Policía y alcaldable, Gori Estarellas, cuando dice que dispone "de una de las mejores plantillas de Mallorca, pero de los peores sindicatos", resulta desconcertante al tiempo que apunta a motivaciones corrosivas con intencionalidad sórdida.
La decisión de llevar a la Fiscalía las sospechas de fraude en bajas y restricciones médicas, al margen de la justificación que puede haber en tan drástica medida, es también la expresión del fracaso político y profesional en la resolución de un conflicto ya endémico.
Vigilantes vigilados sobre los que se incrementa el foco de atención con demanda de información policial que, según se presume, puede buscar vínculos con los casos de corrupción de Palma. No es una serie de ficción. Ocurre en el municipio más extenso de la isla con una plantilla de 107 agentes de los que el domingo solo estaban de servicio dos. Deberá ser el elector quien acabe vigilando a políticos y agentes para acabar poniendo con su voto a cada uno en el lugar adecuado.
