Gori Estarellas (PSOE), segundo teniente de alcalde y concejal de Convivencia ciudadana y Policía, desveló en el pleno del ayuntamiento de Llucmajor, que tuvo lugar anteayer, que el consistorio ha trasladado a Fiscalía Anticorrupción "una serie de cosas que no nos gustan nada". Las numerosas bajas y restricciones médicas, exactamente de 36 agentes policiales, en el punto de mira. Estarellas, consultado por este diario al término del pleno, manifestó: "Pedimos ayuda, que se investigue la situación actual, que se compruebe si todas las bajas y restricciones médicas están debidamente justificadas y motivadas".

Por otro lado, cabe apuntar que, recientemente, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil acudieron al Ayuntamiento y pidieron las fotografías-fichas de todos los miembros del cuerpo de seguridad municipal. El equipo de gobierno, integrado por PSOE, El Pi y Més, asegura que no les ha sido comunicado el objetivo de este requerimiento, si bien fuentes municipales creen que puede obedecer a la trama corrupta policial de Palma y al reconocimiento de personas que puedan facilitar los testigos citados.

Paralelamente, Estarellas señala que dos policías están siendo investigados por presunta falsedad documental, siendo objeto de un expediente disciplinario interno (con instructor externo). La presunta suplantación de la firma de una mujer que hurtó es la causa de dicha investigación.

Desde hace tiempo hay frecuentes desencuentros entre el consistorio llucmajorer y su Policía Local, ya sea por el exceso de horas extras, la necesidad de regularizar las plazas interinas, etc. Eso sí, las relaciones entre sindicatos y autoridades son ahora más tensas que nunca. Los sindicatos han impugnado la Relación de Puestos de Trabajo. A finales de abril hubo una manifestación de protesta en la plaza Espanya, reclamándose "una carrera profesional digna" y "la recuperación completa de los derechos", denunciándose "mentiras reiteradas" e "incumplimientos de los acuerdos". El pulso es evidente.

Volviendo al pleno de este pasado miércoles, Estarellas afirmó públicamente que se siente "traicionado", lamentando "que quieran poner a este equipo de gobierno entre la espada y la pared". A su vez consideró que muchos interinos "deberían ser inteligentes y no meterse en esta guerra". En este sentido anunció los objetivos de reforzar la jefatura y promocionar nuevas plazas de inspector, subinspectores y oficiales, además de regularizar las plazas de los interinos, aunque sobre esto último, debido a tanto enfrentamiento advirtió: "Si no tenemos que hacer oposiciones, pues no haremos".

El tripartito PSOE-El Pi-Més se muestra muy cohesionado y defiende firmemente su gestión. Otras declaraciones de Estarellas en el pleno fueron realmente directas: "Tenemos una de las mejores plantillas de Policía Local de Mallorca, siempre son los primeros en llegar a los accidentes, las emergencias, etc., pero de los peores sindicatos, son muy malos".

La plantilla suma 107 agentes, aunque más de un 30% se encuentra de baja o con restricciones médicas. El pasado domingo, al parecer, sólo hubo un par de policías de guardia en el municipio (el de mayor extensión de la isla). La jefatura del cuerpo en determinados momentos se ve incapaz de garantizar unos mínimos.

Precisamente en este pleno se resolvieron las alegaciones y se aprobó definitivamente la nueva Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana. Estarellas hizo un llamamiento a la ciudadanía (residentes y visitantes), los touroperadores, los hoteleros y la Policía Local de cara a que colaboren, haya educación, civismo e implicación activa y efectiva para que la ordenanza "se cumpla, sea efectiva, y no quede en papel mojado". Se aboga por un modelo turístico de calidad. En casos de botellón, suciedad, ruidos, balconing, etc., se impondrán multas.