En esta tierra de urbanismo pendulante y frágil, la modificación del criterio administrativo y de la norma a aplicar siempre sale muy caro. Entre todos acabamos pagando el precio de las presiones y las alternancias en la gestión del suelo.
El TSJB reconoce el derecho a una indemnización de 7,5 millones a una de las promotores afectados por la desclasificación de unos terrenos en Biniorella, en Andratx. La ley de Medidas Urgentes para un desarrollo Territorial Sostenible, en 2008, los pasó de urbanos a ANEI cuando las obras ya estaban en su segunda fase y los servicios urbanísticos instalados. Una sentencia para un caso análogo, en el mismo lugar, fija otra indemnización de 19,2 millones y se esperan, todavía, otras dos más.
Ultimamente se habían visto casos de promotores a los que se había desbaratado su proyecto y buscaban el beneficio del lucro cesante que se les hubiera podido ocasionar. Los tribunales acostumbran a desestimar esta pretensión. Lo producido en Biniorella es, sin embargo, el caso inverso, constructoras con la obra en regla que ven cambiada de la noche a la mañana la norma del lugar. Si Mallorca hubiera tenido cuando era hora un plan territorial claro y firme no pasarían estas cosas y la Administración gastaría menos en indemnizar.
