El embargo de 70.000 euros es fruto del pleito que el Constància perdió en 2015 contra la empresa Tonide, instaladora del césped artificial en el polideportivo Municipal Mateu Cañellas. Bárbara Molinas, administradora de Tonide, declaró entonces que su empresa hizo la instalación de césped artificial y que el importe de las obras era de 230.000 euros. Molinas aseguró que tenía un contrato con el Constància y negó cualquier vinculación con el Ayuntamiento o la Federación Balear de Fútbol. Sin embargo, el Constància suscribió antes un convenio con el Ayuntamiento por el cual podría disponer de las instalaciones a cambio de ser el promotor de las obras de instalación de césped. El expresidente Jordi Guirado efectuó una declaración ante la juez en la que aseguró que todo el asunto era una inversión pactada entre el Ayuntamiento de Inca y la federación y que el concurso del Constància se limitó exclusivamente a "figurar" para que se pudiera conceder una subvención a la instalación deportiva municipal. "Me llamaron Felipe Jerez, concejal de deportes, y Bartomeu Seguí, concejal de Urbanismo. Me dijeron que tenían un proyecto para dotar de césped artificial al polideportivo municipal y que necesitaban nuestra colaboración -la del Constància- para obtener la subvención".
