El pago de una nueva expropiación forzosa deja otra vez en evidencia las carencias del urbanismo manacorí y la necesidad urgente de un Plan General. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) han condenado al ayuntamiento de Manacor a pagar 3,6 millones de euros, por una zona verde en litigio desde 2003 de 2.420 metros cuadrados de superficie y situada en la parte final de la calle Hortensia, en el camino de Son Fangos cerca del nuevo instituto.
La Justicia ha desestimado el último recurso de apelación presentado por los servicios jurídicos municipales, que pedían que se atendiera al estudio técnico aprobado por el pleno municipal en enero de 2014, y que fijaba el pago a las propietarias de los terrenos en 631.324,89 euros como "límite de conformidad". Ahora el TSJB no solo le obliga a abonar la cantidad millonaria sino que le impone el pago de intereses, más otros mil euros por las consiguientes costas del proceso.
Según fuentes municipales, en estos momentos se está procediendo a la negociación con la propiedad de un plan de pago, para ver de qué manera y en qué plazos puede hacerse efectivo el abono por la expropiación, dado que al consistorio no le queda ya posibilidad de recurso.
Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2003, cuando transcurridos cinco años de la declaración de los terrenos (cerca de la ronda de Felanitx) como zona verde en las Normas Subsidiarias, los propietarios advierten al Ayuntamiento su voluntad de iniciar el expediente de justiprecio ante la imposibilidad material de construir. Transcurridos otros cuatro años, los expropiados presentan la hoja de aprecio en la sede del Jurado Provincial de Expropiación por un importe de casi 7,2 millones de euros, sin que el consistorio formulase la suya.
El 11 de marzo de 2011 el Jurado emite su resolución fijando el justiprecio en 4,7 millones, lo que obliga a la corporación municipal a interponer un recurso de reposición, que es estimado y por el cual se rebaja la cantidad, en julio de 2013, hasta los 3,6 millones.
Todavía no conforme y con un estudio interno de valoración sobre la mesa, en octubre del mismo año el Ayuntamiento interpone un recurso contencioso-administrativo, que es desestimado en diciembre de 2015. Entre medias, el 13 de enero de 2014, eleva a pleno un informe del arquitecto municipal en el que se tasan los bienes expropiados por un valor de poco más de 631.000 euros, y lo ofreció a las propietarias para que mostrasen su conformidad o disconformidad en un plazo de 15 días hábiles.
Pese a que la finalización del proceso judicial obliga al consistorio a un nuevo pago por expropiación forzosa de una zona verde (y todavía quedan más en proceso), éste quiere transmitir la sensación de que "se han salvado" tres millones y medio de euros, desde los 7,1 solicitados por la propiedad inicialmente, hasta los 3,6 de la condena.
En paralelo
El conocimiento público de la sentencia coincide con el anuncio, esta semana, del inicio del pliego de condiciones iniciado por Urbanismo para sacar a concurso la redacción final del Plan General que debe marcar las normas urbanísticas de Manacor durante las próximas décadas. Lo que significa que tras la renuncia del último director encargado para sacar adelante el Pla, Josep Antoni Aguiló, ahora será una empresa privada quien se encargue.
