El Plan General que debe determinar las normas del juego urbanístico de Manacor parece estar maldito. O al menos es lo que parece. Después de las renuncias de los anteriores responsables, Bel Romero (quien se fue al Consell de Mallorca) y Joan Pasqual (por excedencia), la concejala de Urbanismo local Bel Febrer, anunciaba ayer la de Pep Toni Aguiló "por motivos personales".

Aguiló llegó a la redirección y redacción del Plan General hace apenas dos meses por lo que la noticia ha pillado a contrapié a los responsables del área; "ha sido una sorpresa, pero no podemos hacer nada ante decisiones personales. Creo que después de tanto tiempo sondeando cuáles eran las mejores opciones, debemos cambiar la estrategia".

Lo que significa que el Ayuntamiento ha decidido sacar a licitación la redacción del plan urbanístico para que sea una empresa privada externa al consistorio la que se encargue de ello. "Con ello aprovechamos para abrir otra puerta para que el Plan siga adelante y esperando que todo esto no retrase demasiado los plazos para su aprobación".

Hay que recordar que después de su aprobación inicial, a principios del verano pasado, el Plan General debería ahora pasar a la siguiente fase, es decir la resolución y notificación de las alegaciones presentadas, lo que todavía no se ha llevado a cabo y que será una de las principales laborales de la empresa externa que se haga cargo tras el concurso, una licitación todavía no cifrada ni en cuantía ni en tiempo de convocatoria.

Tras la resolución de alegaciones debería procederse a la aprobación provisional, y es importante que se haga antes de otoño de 2018, ya que de esta forma se activaría una nueva prórroga en la moratoria de reclamación y pago de expropiación forzosa de zonas verdes, lo que supondría una sangría económica para el consistorio. Eso sin contar las que siguen su trámite judicial y no entran dentro de la moratoria, como la zona verde de la Torre Florida, por la cual sus propietarios exigen 14,7 millones al Ayuntamiento.

Urbanismo se queja a su vez de la falta todavía de distintos informes externos, sobre todo medioambientales "que si bien no son vinculantes sí que son determinantes", asegura Febrer.