El gran aumento en la ocupación ilegal de pisos y casas de veraneo en Manacor ha hecho que el pleno municipal deba tomar cartas en el asunto, y ya haya pedido al Gobierno del Estado "el impulso de cambios normativos y legales que posibiliten que el propietario o poseedor legítimo, recupere la vivienda en un plazo de menos de una semana", defendía anteanoche la teniente de alcalde Catalina Riera (El Pi).
Y es que según constata la Policía Local, desde este último invierno el número de ocupaciones ilegítimas a lo largo y ancho del municipio, "han aumentado de forma muy considerable", señala el inspector jefe Antoni Sureda, quien explica que "aunque en la ciudad también se den casos, muchos de ellos ocurren en las zonas de costa", como s'Illot o Porto Cristo, y en casas de campo apartadas del núcleo.
Aunque falta todavía cifrar el porcentaje de la subida, las fuentes determinan que ha sido exponencial durante los últimos meses, y que viene determinado por la falta de pisos de alquiler disponibles a precios asequibles. Respecto a la nacionalidad del 'okupa', "no se puede determinar de forma clara o dominante, ya que también muchos son españoles y mallorquines".
"Tenemos un problema" reconoce Sureda, "ya que hasta que el propietario no denuncia los hechos no podemos intervenir, y aún así es una cuestión civil, lo que significa que primero se tiene que tramitar al juzgado pertinente, y esperar la orden de desalojo del juez".
Y ahí es donde quiere incidir el ayuntamiento de Manacor, quien se hace también eco "del importante incremento de las ocupaciones de casa y pisos de forma ilegal en Balears en los últimos tiempos. Una ocupación muchas veces acompañada de mafias que estafan, redactando contratos de alquiler sobre viviendas sobre las que no tienen ningún título de posesión o propiedad", especifica Riera, añadiendo que hasta ahora estas ocupaciones ilegales "no tienen una respuesta adecuada, ágil y contundente, por parte de la normativa aplicable", lo que dificulta la salida de los inquilinos no deseados.
En el caso específico de Manacor se han llegado a constatar casos de 'okupas profesionales', que una vez dentro de la vivienda piden una determinada cantidad económica al propietario legal para desalojar el inmueble, para después volver a realizar la misma maniobra, normalmente en otro piso próximo. Muchos afectados han llegado a pagar 2.000 y 3.000 euros por la salida de los 'okupas'.
El consistorio pide a Madrid que en menos de una semana (actualmente es un procedimiento que dura meses), a través de un juicio rápido, el tema pudiera estar resuelto, facilitando al propietario el proceso y evitando en lo posible que se creen daños físicos a la vivienda.
Para Més-Esquerra sin embargo, aunque se muestra contrario a cualquier tipo de ocupación ilegal de un vivienda, cree que es necesario diferenciar "porque esto también podría afectar, tal y como está redactado, a familias que están a la espera de ser desahuciadas y que hasta ese momento eran los propietarios, tratándolos de una forma delictiva", explica su portavoz Miquel Oliver. "La cuestión es muy delicada, ya que tampoco se está actuando para incentivar la ocupación legal de casas desocupadas".
